02 mayo 2008
La amenaza de la delincuencia transnacional
Funcionario de EE.UU. habla en la OEA sobre esfuerzos conjuntos en el hemisferio
“Instituciones sólidas de aplicación de la ley, arraigadas en principios democráticos y protectoras de los derechos humanos, son vitales para prevenir una amplia variedad de amenazas transnacionales para nuestro hemisferio, desde narcóticos hasta otras formas de actividad delictiva organizada y terrorismo. Para asegurar estas metas, confiamos en una amplia gama de programas de asistencia bilateral, regional y mundial dirigidos a fortalecer la capacidad de aplicación de la ley de nuestros asociados en el extranjero”, dijo David T. Johnson en la Organización de los Estados Americanos con motivo de la reunión de Ministros de Justicia o de Ministros Procuradores Generales de las Américas el 29 de abril.
A continuación una traducción del discurso del Secretario de Estado adjunto David T. Johnson:
(comienza el texto)
Delincuencia transnacional y unidad de esfuerzo para combatir pandillas, delincuentes y terroristas
David T. Johnson, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley
Discurso pronunciado durante la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros Procuradores Generales de las Américas (REMJA)
Washington, DC
29 de abril de 2008
Buenas tardes. Secretario general José Miguel Insulza (TBC), secretario de Justicia Mukasey, embajador (Hector) Morales, y otros distinguidos invitados. Les agradezco la oportunidad de formar parte de su programa esta semana, un programa auspiciado por la OEA para dialogar con Uds. sobre la importancia de fortalecer los esfuerzos conjuntos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas conexas del tráfico de estupefacientes y la delincuencia transfronteriza. Esta es una oportunidad excelente para comparar experiencias y compartir puntos de vista sobre el estado actual de los desafíos a los que nos enfrentamos.
Para aquellos que no he tenido el placer de conocer personalmente, comentaré que dirijo la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en el Departamento de Estado. Es el centro en el gobierno de Estados Unidos para la formulación y aplicación de estrategias de control internacional de narcóticos y asistencia de control de la delincuencia. La misión central de INL es proporcionar asistencia que permita que nuestros asociados trabajen con nosotros para combatir la producción y el tráfico internacional de estupefacientes, reducir la delincuencia y terrorismo internacionales y fortalecer las instituciones de justicia penal internacional. Contemplamos esto como un esfuerzo que hace avanzar los intereses de Estados Unidos y del hemisferio en su conjunto, sólo podemos ser eficaces si existe cooperación con ustedes, nuestros aliados internacionales.
Instituciones sólidas de aplicación de la ley, arraigadas en principios democráticos y protectoras de los derechos humanos, son vitales para prevenir una amplia variedad de amenazas transnacionales para nuestro hemisferio, desde narcóticos hasta otras formas de actividad delictiva organizada y terrorismo. Para asegurar estas metas, confiamos en una amplia gama de programas de asistencia bilateral, regional y mundial dirigidos a fortalecer la capacidad de aplicación de la ley de nuestros asociados en el extranjero.
Trabajamos de cerca con la OEA, especialmente con su Secretaría de Seguridad Multidimensional encabezada por el embajador Neto. Por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y su
Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), los estados miembros de la OEA trabajan conjuntamente para medir los resultados de nuestros esfuerzos contra el tráfico de narcóticos. También trabajamos junto con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales mas allá de nuestro hemisferio para desarrollar normas internacionales comunes que combatan los estupefacientes, la delincuencia, y el terrorismo, así como para desarrollar programas de asistencia técnica que ayuden a aplicar dichas normas.
Una amenaza creciente en el Hemisferio Occidental
Durante los dos últimos días, se ha hablado aquí sobre los desafíos realmente acuciantes en materia de aplicación de la ley y amenazas que nuestra región confronta. Como todos sabemos, el terrorismo, los narcóticos ilegales y otras formas de delincuencia organizada comparten una desgraciada alianza en muchos lugares del mundo, y el Hemisferio Occidental no es una excepción. Muchos de los 44 grupos que el gobierno estadounidense ha designado como organizaciones terroristas extranjeras participan en el tráfico ilícito de estupefacientes y muchos también en delitos financieros y de otro tipo. Cuatro de estos grupos están presentes en nuestro hemisferio: las FARC, el ELN, las AUC y Sendero Luminoso. Estas organizaciones terroristas han facilitado el narcotráfico al proteger cultivos, procesamiento y tráfico ilícitos; corromper funcionarios; hacer pagar tributos a los cultivadores a cambio de protección y realizar contrabando de estupefacientes entre fronteras para financiar su violencia.
En fechas más recientes, estos preocupantes nexos se han extendido a América del Norte, particularmente en el caso de algunas organizaciones narcotraficantes con sede en México, que han pasado de la intimidación al empleo de tácticas terroristas para mantener sus monopolios de narcotráfico en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos. Algunos de estos grupos, como los Zetas, el brazo ejecutor del cártel del Golfo que opera a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, han ejercido violencia sin precedentes, arrasando con las vidas de cientos de civiles, agentes de policía y otros funcionarios públicos en los años recientes.
Esta explosión de violencia se manifiesta de modo más visible y drástico en el daño que estas organizaciones delictivas causan a las sociedades libres y democráticas, pero lo que más alcance tiene es la corrupción que estos sindicatos promueven, donde sea que operen. La erosión de las instituciones del gobierno por medio del soborno y la intimidación pueden en última instancia plantear una amenaza a los gobiernos democráticos y el estado de derecho igual de grande que la violencia en la que nos enfocamos hoy día. Los sindicatos del crimen organizado penetran los gobiernos para garantizarse a sí mismos un entorno seguro para sus operaciones. Si no se limita su actividad, estos cárteles tienen los medios para comprar su entrada al poder, o al menos la impunidad. Al trabajar juntos para combatir la corrupción, intentamos prevenir que la pesadilla de un gobierno manipulado por la delincuencia organizada se haga realidad.
En cuanto a los desafíos en la frontera sur de Estados Unidos, tengo que destacar las medidas históricas que México y el gobierno del presidente Calderón han desarrollado. El presidente Calderón se ha movilizado agresivamente para promover la integridad en las filas de la policía de México y ha emprendido acciones concretas para ofrecer a las autoridades judiciales y a los oficiales de policía los recursos y el respaldo legal que necesitan. Puesto que la amenaza de estas organizaciones delictivas y los estupefacientes que trafican representan una amenaza directa a la seguridad y bienestar del pueblo estadounidense, el presidente Bush ha solicitado a nuestros Congreso 1.100 millones de dólares hasta la fecha para México y los gobiernos de América Central para respaldar sus esfuerzos y compartir la carga. Como parte de un paquete suplementario, al año fiscal 2008 se solicitaron 550 millones de dólares y el presupuesto para el próximo año fiscal solicita 450 millones de dólares para México y 100 millones para América Central. La iniciativa que surgió de las reuniones del año pasado entre el presidente Bush y el presidente Calderón en Mérida (México), y con el ex presidente Berger en Guatemala, complementará nuestros esfuerzos internos aquí para reducir la demanda de narcóticos, parar el flujo de armas y armamentos, y arremeter contra las pandillas y otras organizaciones delictivas.
Fortalecer las instituciones y la capacidad en los países con que nos asociamos nos ayudará a actuar conjuntamente, a responder con mayor agilidad y velocidad y a tener una coordinación más eficaz frente a las cambiantes tácticas de la delincuencia organizada. Esperamos que este nuevo marco para nuestro trabajo conjunto ayude a crear un hemisferio más seguro en el que el poder de las organizaciones delictivas deje de una vez por todas de amenazar la seguridad regional y los ciudadanos de nuestro hemisferio.
Estados Unidos también está comprometido a mejorar nuestra participación con países de América Central en el marco de la Iniciativa de Mérida. Esta cooperación se centrará no sólo en la lucha contra los narcóticos, sino en una amplia gama de asuntos que abarcan todo el sector de la justicia y la aplicación de la ley, incluyendo nuestros esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia organizada y la corrupción. Los presidentes de América Central han reconocido la necesidad de tratar las amenazas comunes a nivel regional, y sabemos que tenemos asociados hoy aquí con voluntad para intentar obtener una respuesta mejor coordinada a estas amenazas transfronterizas.
Estados Unidos está especialmente interesado en promover cooperación adicional con América Central puesto que existen estrechos lazos entre nuestros pueblos y economías. Sin embargo, los criminales se han aprovechado de estas relaciones. Pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13) cada vez se vuelven más peligrosas al ampliar sus actividades ilícitas al narcotráfico, la prostitución, los secuestros, la extorsión y los asesinatos. Estas pandillas internacionales de delincuentes representan una amenaza igual de urgente para los ciudadanos de San Salvador y Tegucigalpa como para localidades en los alrededores de Washington D.C. y Los Ángeles. Mérida nos dará las herramientas para poder colaborar y prevenir que estos grupos delictivos erosionen los beneficios derivados de los lazos crecientes entre nuestros países.
Mediante la Iniciativa de Mérida, nos proponemos trabajar con nuestros socios para fortalecer las medidas de aplicación de la ley y abordar el narcotráfico y actividades delictivas afines en la región. La iniciativa nos permitirá también:
-- Financiar la aplicación de los cinco elementos de la Estrategia de Estados Unidos para Combatir las Pandillas Criminales, lo que incluye procesos mejorados de repatriación y fuertes programas de acción comunitaria para prevenir que la juventud ingrese en las pandillas.
-- Crear unidades especiales contra las pandillas en El Salvador, Honduras y Guatemala para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de miembros peligrosos de pandillas en toda la región.
-- Dar apoyo a la gestión de arsenales y destrucción de las armas pequeñas y los armamentos ligeros en América Central.
También se dará a México la ayuda tecnológica para aumentar la conciencia sobre el control de drogas, reducción de la demanda y servicios de tratamiento.
Otros programas, como la capacitación en gestión de las prisiones y el apoyo a la policía, los tribunales y los fiscales, ayudarán a las autoridades de aplicación de la ley a luchar contra este azote y reforzarán las instituciones estatales débiles que crean el entorno donde las organizaciones delictivas pueden operar.
Se trata de reformas sistemáticas y se necesitará tiempo y esfuerzo para aplicarlas. Como sé muy bien, de mi experiencia como funcionario público, uno tiende a dudar que estas grandes intervenciones puedan lograr resultados sostenibles. A eso respondería que no tenemos mejor prueba de ello que el ejemplo que nos ha dado nuestro propio Hemisferio: Colombia.
Colombia emerge de décadas de conflicto alentado por el narcotráfico y el narcoterrorismo. Gracias a los esfuerzos del gobierno colombiano y de su pueblo, con el apoyo de sus socios en el hemisferio, vemos la expansión de la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Más aun, somos testigos de la revitalización económica de una nación que una vez estuvo sitiada por organizaciones del narcotráfico y los terroristas. La economía de Colombia, tan azotada durante los años noventa, crece ahora a una tasa solvente y atrae la inversión extranjera.
Parte de ese crecimiento económico puede atribuirse a la creciente seguridad de que Colombia ahora disfruta. El pueblo colombiano es ahora más optimista acerca de las posibilidades de paz duradera en su país, y los grupos paramilitares han sido marginados.
Este éxito claramente se ha logrado en gran medida con los esfuerzos y sacrificios del pueblo colombiano. Pero considero que es justo señalar que la mayor cooperación con Estados Unidos ha respaldado y contribuido al éxito de los esfuerzos de Colombia. Mediante esa colaboración, hemos empleado un enfoque regional completo para eliminar los cultivos ilícitos de la droga, interceptar drogas, promover el desarrollo alternativo y, lo que es más importante a largo plazo, apoyar la reforma judicial y de justicia penal sostenibles y la ampliación de la autoridad del gobierno colombiano en todo el país. El ejemplo de Colombia muestra el cambio positivo. Nos inspira a creer que la Iniciativa de Mérida es una inversión sólida en el futuro, para beneficio mutuo de todos nuestros ciudadanos y naciones.
Fortalecer la cooperación regional para desmantelar las redes delictivas
Ninguno de nosotros debe subestimar la tarea en cuestión. Derrotar y desmantelar estas organizaciones delictivas no será tarea fácil. Los delincuentes internacionales tienen enormes recursos financieros y no escatiman ningún gasto para corromper a los funcionarios de gobierno y de aplicación de la ley. Tienen redes mundiales extensas que apoyan sus operaciones y que son intrínsecamente ágiles y se adaptan rápidamente al cambio. Para ganarle ventaja a estos grupos, necesitamos aumentar nuestra cooperación para combatir estas amenazas y desmantelar las redes delictivas.
Estados Unidos está comprometido a poner de su parte. Una de las maneras en que el Departamento de Estado ayuda es con nuestros recursos de ayuda exterior para reforzar la cooperación internacional y fortalecer los sistemas penales y prepararlos para combatir más efectivamente la delincuencia trasnacional.
Uno de nuestros instrumentos más eficaces es el financiamiento y apoyo que brindamos a nuestras Academias Internacionales de Aplicación de la Ley (ILEA). Los cursos de las academias reúnen a personal de aplicación de la ley y funcionarios de muchos países del mundo. Patrocinamos cinco academias ILEA en todo el mundo. La academia más nueva está en San Salvador. Estos cursos, elaborados por expertos de aplicación de la ley estadounidenses y de la región, nos ofrecen una plataforma de acción conjunta para luchar contra la delincuencia organizada y contribuir al desarrollo de una red de personal de aplicación de la ley para colaborar en problemas comunes.
Junto con otros gobiernos comprometidos, seguimos desarrollando también nuevos instrumentos de aplicación de la ley y convenciones y protocolos para prevenir y combatir estas amenazas, incluidas las Convenciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y la Corrupción, dos de las armas más nuevas de la ley internacional para combatir estas amenazas. Las convenciones crean una estructura amplia de ayuda legal mutua, extradición y cooperación en materia de aplicación de la ley.
La Convención contra la Corrupción contiene un capítulo innovador que promueve la colaboración internacional en casos de recuperación de activos. Las dos Convenciones son instrumentos especialmente importantes y poderosos, pero no se las aprecia ni se las utiliza completamente. Por ejemplo, podrían utilizarse para ampliar la gama de delitos extraditables cubiertos por los tratados bilaterales vigentes para incluir los que están cubiertos en las Convenciones, así como para obtener pruebas de otro estado, utilizando las estipulaciones de ayuda legal mutua.
Estados Unidos ha utilizado la Convención Contra la Delincuencia Trasnacional Organizada para conseguir extradiciones que de otro modo no habrían sucedido bajo los tratados bilaterales de extradición vigentes, y para obtener órdenes de arresto provisional. Las Convenciones son normas internacionales acordadas. Debemos buscar maneras de utilizarlas para reforzar y facilitar la cooperación contra los grupos delictivos internacionales.
Conclusión
Combatir la delincuencia y la corrupción trasnacionales es un proceso continuo y deliberado. No podemos darnos el lujo de perder el terreno que hemos ganado tan arduamente. El futuro de la democracia en el Hemisferio Occidental y nuestros propios intereses nacionales de seguridad están entrelazados de manera profunda e inextricable. Trabajando juntos, podemos crear un mejor futuro mediante nuestros esfuerzos unificados contra la delincuencia organizada, y construir sociedades en las que nuestros ciudadanos puedan vivir en comunidades más seguras y ser gobernados con el nivel más alto de integridad y respeto al estados de derecho.
Gracias.
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/esp)
