11 marzo 2008
Universitarios descargan gratuitamente música por Internet, con consecuencias legales
Intercambio ilícito de archivos hace que industria discográfica tome medidas
Washington – Greg Schrank acababa de regresar de sus vacaciones de semana santa cuando se le apareció un nubarrón en el horizonte. Se trataba de una demanda de 200 páginas de la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA), que acusaba al estudiante de primer año de la Universidad de Boston de haber descargado música en Internet de forma ilegal, una de las miles de cartas que los abogados de la industria discográfica han enviado a estudiantes universitarios desde que empezaron a arremeter contra la piratería hace cinco años.
“Palidecí. Supe que me había metido en un buen lío, pero no tenía ni idea de lo que me iba a pasar”, escribió Schrank en un número reciente del The Daily Campus, el periódico estudiantil de la Universidad de Connecticut, donde actualmente cursa el último año de la carrera de comunicaciones. Sus padres tuvieron que pagar casi 4.000 para llegar a un acuerdo en el caso, y tres años más tarde Schrank sigue devolviéndoles el dinero prestado. Estos días compra música en iTunes o utiliza Ruckus, un servicio gratuito y lícito de descarga de música.
Pese a las amonestaciones de padres y decanos universitarios, la piratería de música se mantiene a un ritmo desenfrenado y el mayor ancho de banda en Internet ha puesto también al alcance de muchos la piratería de películas. En el año 2005, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió por unanimidad que se podía demandar a la empresa Grokster de intercambio de archivos P2P por violación de derechos de autor.
En fechas más recientes, la industria discográfica ganó una demanda con una multa de 220.000 dólares contra Jammie Thomas, una mujer de Minnesota, que había compartido 24 canciones que tenía en su computadora con otras personas, y entre las canciones había música de artistas como Aerosmith, Sheryl Crow, Guns N’ Roses y Gloria Estefan. Un jurado la condenó a pagar multas más de 9.000 dólares por cada canción objeto del litigio. (La RIAA sostiene que la ley permite imponer multas de entre 750 a 150.000 dólares for cada infracción). El presidente del grupo comercial, Cary Sherman, ha calificado de “amor duro” a estos juicios y cartas amenazantes, que son necesarias por la pérdida de miles de empleos e ingresos por ventas que ascienden a varios miles de millones de dólares.
A algunos estudiantes universitarios les molesta lo que consideran como tácticas de intimidación contra los mejores clientes de la industria discográfica. A su juicio, la RIAA es el dragón del cuento popular chino que, de vez en cuando, aparece y se come a uno o dos aldeanos.
Rich Jones, un estudiante de segundo año de la Universidad de Boston y director de uno de las delegaciones de la asociación Students for Free Culture (Estudiantes por una Cultura Gratuita), que defiende la idea de abrir todas las restricciones de derechos de autor, rechaza el argumento de que descargar música sin pagar es igual que hurtar de una tienda. “No es lo mismo. Si tienes los medios de obtener algo gratuitamente, lo vas a hacer”, afirmó Jones, que cursa las carreras de informática y psicología. “Tenemos la tecnología. No vamos a retroceder solo porque su modelo comercial ya no funcione. Van a tener que adaptarse o sino se extinguirán”.
Jones nunca ha sido objeto de una demanda, pero uno de sus compañeros de apartamento, Paul Sawaya, hace poco recibió “un paquete intimidatorio” de la RIAA exigiendo que quitara un programa informático de intercambio de música de su página web en Facebook.com. Otros usuarios de esta página de redes sociales habían agregado enlaces a 44.000 canciones, de las cuales RIAA sostenía que 1.495 eran de su propiedad. Sawaya las retiró y está intentando hacer cambios al programa informático para que nadie pueda cargar música ilegalmente.
Cuando envía las cartas en las que ofrece llegar a un “arreglo extrajudicial” la RIAA no sabe con exactitud quién descargó la música. “Lo que tenemos es la dirección de IP protocolo de Internet”, dijo la portavoz de la organización Cara Duckworth. Pero las universidades y sus departamentos de informática sí saben a quién pertenece la computadora, y a la RIAA no le importa tener que enviar citaciones judiciales de comparecencia que obligan a las universidades a tener que revelar los nombres de los implicados. Desde febrero de 2007, la RIAA ha enviado más de 5.000 cartas a personas que sospecha que intercambian archivos en 150 colegios universitarios y universidades. En 2.300 casos ha llegado a acuerdos extrajudiciales con los demandados, los medios informan que las multas oscilan entre los 3.000 y 5.000 dólares, y ha entablado demandas judiciales contra otros.
“Sabíamos que no íbamos a ganar ningún concurso de popularidad”, dijo Duckworth. “Pero era absolutamente imprescindible abrir la vía judicial e impedir que la gente descargara gratuitamente música de sitios web como LiveWire”. El éxito de iTunes –un servicio que ha vendido más de 4.000 millones de canciones desde 2003– y la proliferación de otros sitios web que venden música legalmente indica que la campaña antipiratería funciona, afirmó Duckworth.
Ben Mazer, titular del grupo Free Culture de la Universidad de Swarthmore no está de acuerdo. Cuando una persona paga 18 dólares por un CD, la industria se queda con gran parte del dinero, mientras que “el artista medio gana menos de un dólar”, dijo Mazer, un presentador de la estación de radio de la universidad. Sostiene que compartir música “atrae más atención al artista, lo cual derivará en más ventas de entradas para conciertos, mercancía y ventas de álbumes”.
Mazer también piensa que el Congreso y las grandes compañías han extendido el alcance de los derechos de autor más allá de lo que pretendían los padres de la patria. (El primer artículo de la Constitución faculta al Congreso a “promover el progreso en las ciencias y las artes útiles al asegurar a los autores e inventores, durante un tiempo limitado, los derechos exclusivos de sus respectivos escritos y descubrimientos”).
“Le decimos a la gente que no comparta archivos, pero si deciden hacerlo les aconsejamos que no los descarguen” de las redes P2P que puede vigilar la RIAA, dijo Mazer. “Siempre les decimos: ‘estas cosas son arriesgadas’”.
El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http//usinfo.state.gov/esp)
