06 marzo 2007
Introducción del Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2006
Informe fue entregado por el Departamento de Estado en marzo de 2007
El Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, preparado por el Departamento de Estado, revela que “el desempeño de los países varió ampliamente, dependiendo de factores tales como el grado del compromiso gubernamental, la capacidad institucional, la extensión de la corrupción y la fortaleza de la sociedad civil”.
El informe 2006 analiza la situación de derechos humanos en 196 países y tiene el objetivo de evaluar las condiciones de los derechos humanos en el mundo. El informe indica que “en todo el mundo en 2006 hombres y mujeres han ejercido presión para que sus derechos se respeten y sus gobiernos respondan, para que sus voces se oigan y sus votos se cuenten, para que haya leyes justas y justicia para todos. Hubo también un creciente reconocimiento de que la democracia es la forma de gobierno que puede satisfacer mejor las exigencias de dignidad, libertad e igualdad de los ciudadanos”.
El Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2006 está disponible en inglés en el sitio web del Departamento de Estado.
A continuación una traducción de la introducción del informe:
(comienza el texto)
Introducción al Informe sobre Derechos Humanos 2006
Estos informes describen el desempeño de los gobiernos en relación con la puesta en práctica de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Estos derechos fundamentales, que se reflejan en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, constituyen lo que el presidente Bush llama las “exigencias no negociables de la dignidad humana”. Como ha dicho la secretaria de Estado Rice, la promesa completa que encierra la Declaración Universal de las Naciones Unidas no puede materializarse de la noche a la mañana, pero es un trabajo urgente que no puede ser postergado.
La Declaración Universal pide que “tanto los individuos como las instituciones ... promuevan ... el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos...”.
Estados Unidos toma muy en serio sus compromisos en materia de derechos humanos. Reconocemos que preparamos este informe en un momento en que nuestro propio historial y actuaciones, que hemos emprendido para responder a los ataques terroristas perpetrados contra nosotros, han sido puestos en tela de juicio. Estados Unidos seguirá respondiendo franca e inmediatamente a las preocupaciones de buena fe que tienen otros, incluso por medio de los informes que sometemos periódicamente y de conformidad con nuestras obligaciones de acuerdo con varios tratados de derechos humanos de los que somos parte. Nos hemos comprometido también a continuar mejorando. Las leyes, políticas y prácticas estadounidenses que rigen la detención, trato y juicio de sospechosos de terrorismo han evolucionado considerablemente durante los últimos cinco años. Nuestro sistema democrático de gobierno no es infalible, pero se le exige que rinda cuentas – nuestra robusta sociedad civil, nuestros vibrantes medios de comunicación, nuestras ramas de gobierno independientes y un bien establecido estado de derecho funcionan como medidas correctivas.
Los informes por países sobre prácticas de derechos humanos ordenados por el Congreso que siguen a continuación, son elementos esenciales del esfuerzo de Estados Unidos para promover el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Durante tres décadas estos informes anuales se han usado ampliamente aquí y en el extranjero como un documento de referencia para evaluar el progreso logrado y los retos pendientes. Han servido también como fundamento de la cooperación entre gobiernos, organizaciones e individuos que intentan poner fin a los abusos y fortalecer la capacidad de los países de proteger los derechos fundamentales de todos.
Los informes examinan el desempeño de cada país en 2006. Cada informe habla por sí mismo. Sin embargo, pueden discernirse patrones amplios, descritos más abajo y de los que se muestran ejemplos específicos de los diferentes países. Los ejemplos que citamos son ilustrativos, no exhaustivos.
Tendencias esperanzadoras pero realidades sobrias
Como lo demuestra un examen de estos informes, en todo el mundo en 2006 hombres y mujeres han ejercido presión para que sus derechos se respeten y sus gobiernos respondan, para que sus voces se oigan y sus votos se cuenten, para que haya leyes justas y justicia para todos. Hubo también un creciente reconocimiento de que la democracia es la forma de gobierno que puede satisfacer mejor las exigencias de dignidad, libertad e igualdad de los ciudadanos. Estas tendencias son esperanzadoras pero los informes reflejan también realidades sobrias.
En primer lugar, los adelantos logrados en cuanto a derechos humanos y democracia fueron difíciles de ganar, y mantenerlos es un desafío. Hubo países que progresaron significativamente, algunos se estancaron y otros retrocedieron.
Como lo demuestra la gama de ejemplos que siguen más abajo, el desempeño de los países varió ampliamente, dependiendo de factores tales como el grado del compromiso gubernamental, la capacidad institucional, la extensión de la corrupción y la fortaleza de la sociedad civil.
En enero de 2006 el Partido de Unidad elegido democráticamente para el gobierno de Liberia y liderado por Ellen Johnson-Sirleaf, la primera mujer jefa de estado en África, reemplazó al Gobierno Nacional de Transición de Liberia, que había funcionado como gobierno interino desde 2003 después de una devastadora guerra civil de 14 años. El gobierno tomó medidas significativas para corregir deficiencias anteriores en cuestiones de derechos humanos, incluyendo la colaboración con asociados internacionales para rehabilitar el sector judicial del país y establecer una oficina del defensor público en la capital. La presidenta destituyó o suspendió a varios funcionarios gubernamentales corruptos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida en 2005 para investigar las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil, comenzó a tomar declaraciones de testigos. A pesar de este progreso, Liberia siguió enfrentándose a graves desafíos en materia de derechos humanos, como un poder judicial todavía débil, corrupción e impunidad de funcionarios, violencia de género y una pobreza extrema que desembocó en el trabajo infantil.
En Indonesia, hubo durante el año reducciones sustanciales de las muertes cometidas por las fuerzas armadas y la policía en áreas políticamente sensibles del país. Se llevaron a cabo cincuenta y cuatro elecciones, en general libres y justas, a niveles provincial, regional, de distrito y municipal, la más notable en Aceh en diciembre, donde un ex comandante de campaña rebelde ganó la gobernación. Aunque la violencia religiosa entre las comunidades se redujo en general, persistió, sin embargo, en algunas zonas. El gobierno y los tribunales no fueron capaces de enfrentarse a anteriores violaciones y atrocidades perpetradas contra los derechos humanos tanto en Indonesia como en Timor-Leste.
El historial de derechos humanos de Marruecos mostró un progreso notable, aunque persisten ciertos problemas. El gobierno comenzó tratar anteriores violaciones de los derechos humanos mediante el otorgamiento de compensación a través del Consejo Consultivo sobre Derechos Humanos para casos específicos de arrestos, desapariciones y abusos durante el período o de 1956 a 1999. En marzo, el gobierno aprobó una ley contra la tortura, aunque persistieron los informes de torturas cometidas por varias ramas de las fuerzas de seguridad. Hubo un debate extenso y mayormente abierto al público y a la prensa a pesar de las continuas restricciones a la libertad de prensa y expresión. Durante el año el gobierno castigó a algunos periodistas que violaron las limitaciones sobre la libre expresión, y muchos periodistas practicaron la autocensura. La trata de personas, particularmente con fines de explotación sexual, y el trabajo infantil continúan siendo temas preocupantes; sin embargo, tanto el gobierno como la sociedad civil se muestran cada vez más activos en ocuparse de ellos.
La República Democrática del Congo celebró sus primeras elecciones democráticas, presidencial y legislativa, en más de 45 años, poniendo fin a un período de transición de tres años posterior a la guerra civil. Una nueva constitución entró en vigor, sin embargo, el historial de derechos humanos continuó siendo deficiente. Además del conflicto latente en el este, donde el control gubernamental siguió siendo débil y los grupos armados han seguido cometiendo serios abusos, en todo el país las fuerzas de seguridad gubernamentales cometieron también graves abusos impunemente.
En Haití, los ciudadanos demostraron su compromiso con la democracia yendo a las urnas tres veces en 2006. Más de 3,5 millones de ciudadanos se inscribieron para votar, y una impresionante concurrencia electoral, estimada en más del 70 por ciento de los votantes inscritos, participó en febrero en la primera vuelta de las elecciones presidencial y parlamentaria. Después de un proceso electoral relativamente estable y sin violencia, los votantes designaron presidente a René Preval y eligieron a 129 parlamentarios. En diciembre, Haití llevó a cabo sus primeras elecciones municipales en más de una década. Sin embargo, queda mucho por hacer para restaurar plenamente el estado de derecho, incluyendo el reacondicionamiento del deficiente sistema judicial de Haití y los continuos readiestramiento y evaluación de la policía nacional haitiana.
En Ucrania, después de la Revolución Naranja prosiguió el notable progreso en el desempeño en cuestión de derechos humanos. Las elecciones parlamentarias de marzo del 2006 fueron las más libres en 15 años de independencia. El país ha seguido mejorando en cuanto a la libertad de prensa, la libertad de asociación y el desarrollo de la sociedad civil. A pesar de estos avances, existen aún una serie de problemas graves, incluyendo la corrupción en todas las ramas del gobierno.
Aunque el historial de derechos humanos de Kirguistán había mejorado considerablemente tras el cambio a un liderazgo elegido democráticamente en 2005, en 2006 se produjo una semana de protestas masivas pacíficas que culminó en la apresurada aprobación de una constitución enmendada que ofrecía la posibilidad de un sistema de auténticos frenos y contrapesos. A fines de diciembre, sin embargo, el parlamento aprobó otra constitución que deniega muchos de los frenos y contrapesos clave. El gobierno hostigó también las organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por el extranjero.
A pesar del declarado compromiso del presidente Musharraf con la transición democrática y la “moderación informada”, el historial de derechos humanos de Pakistán continuó siendo deficiente. Persistieron las restricciones a la libertad de circulación, expresión, asociación y religión. Continuaron las desapariciones de activistas provinciales y opositores políticos, especialmente en las provincias que sufren turbulencia interna e insurrecciones. Las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo asesinatos extrajudiciales. Siguieron siendo comunes los arrestos arbitrarios y la tortura. La corrupción estuvo presente en todo el gobierno y las fuerzas policiales. Sin embargo, algo positivo fue que en diciembre la Asamblea Nacional aprobó, y el presidente Musharraf promulgó, una Ley de Protección de la Mujer, lo que constituyó por primera vez en tres décadas la derogación con éxito de leyes en detrimento de los derechos de la mujer por un gobierno pakistaní. La ley enmienda la cláusula sobre violación sexual y adulterio de la Ordenanza Hudood de 1979, al transferir el delito de violación sexual de la jurisdicción de la sharia pakistaní al código penal de Pakistán. Esta ley elimina también el requisito de que las víctimas de una violación sexual tengan que presentar cuatro testigos varones para formular acusaciones.
Aunque Egipto celebró en 2005 la primera elección presidencial multipartidista que se haya realizado en ese país, en 2006 el público exigía una mayor democratización y rendición de cuentas que tropezó en ocasiones con fuerte reacción por parte del gobierno. El continuo encarcelamiento del ex candidato a la presidencia Ayman Nour suscitó serias preocupaciones en torno al camino que seguirán la reforma política y la democracia en el país. Siguiendo con una tendencia que comenzó en 2005, el gobierno arrestó y detuvo durante períodos que se prolongaron varias semanas a cientos de activistas afiliados a la prohibida pero tolerada Hermandad Musulmana. Dos jueces superiores fueron llamados a declarar por haber solicitado en público un poder judicial independiente. La policía egipcia arrestó y detuvo a más de quinientos activistas por participar en manifestaciones de apoyo a la independencia judicial. Además, se documentaron casos de tortura severa cometidos por las autoridades. El gobierno arrestó, detuvo y cometió abusos contra varios “comentaristas” de la Internet.
In Kazajstán, el gobierno restringió el funcionamiento de la oposición política al aplicar onerosos requisitos de inscripción y entorpecer o denegar la inscripción de partidos políticos. La fusión de los partidos progubernamentales consolidó el firme liderazgo del Partido Otan del presidente Nazarbayev y redujo el espacio político para expresar puntos de vista alternativos y abogar por la reforma. El gobierno hostigó a la oposición política por medio de acusaciones políticamente motivadas y restricciones a la libertad de reunión, aprobó leyes que restringen la libertad de prensa y asedió a organizaciones no gubernamentales.
Rusia experimentó una continuada centralización del poder en la rama ejecutiva, incluyendo enmiendas a las leyes electorales y nueva legislación para los partidos políticos. Estas leyes otorgan al gobierno amplios poderes para regular, investigar, limitar e incluso clausurar partidos. Si se une esto a una Duma estatal condescendiente, la corrupción y la selección en la ejecución de las leyes, la presión política sobre el poder judicial y las restricciones a las ONG y los medios de comunicación, estas tendencias resultaron en una erosión adicional de la rendición de cuentas por parte del gobierno. En Chechenia y otras zonas del norte del Cáucaso, las violaciones graves de los derechos humanos continuaron, incluso se produjeron muertes ilegales y abusos contra civiles por parte de fuerzas de seguridad tanto federales como de la República Chechena. Los combatientes rebeldes cometieron bombardeos terroristas y desapariciones políticamente motivadas en la región. En un número creciente de casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo responsable a Rusia de estos abusos.
En Venezuela, el gobierno de Chávez siguió consolidando el poder en la rama ejecutiva. El gobierno siguió hostigando a la oposición y las ONG y debilitando la independencia judicial. Los observadores internacionales consideraron generalmente como libres e imparciales las elecciones presidenciales de diciembre, en las que Chávez ganó la reelección con el 63 por ciento del voto. En su discurso de toma de posesión, el presidente Chávez solicitó a la Asamblea Nacional, donde su partido controla el 100 por ciento de los escaños, que le conceda poderes para gobernar mediante decretos ejecutivos.
En Fiji y Tailandia, los militares derrocaron gobiernos elegidos libremente.
Una segunda y sombría realidad es que la inseguridad debida al conflicto interno o transfronterizo puede amenazar o entorpecer los adelantos en los derechos humanos y los gobiernos democráticos.
A pesar de la continua dedicación del gobierno iraquí a la promoción de la reconciliación y la reconstrucción nacionales, al mantenimiento de un rumbo electoral y al establecimiento del estado de derecho, tanto la violencia profundamente sectaria como los actos de terrorismo socavaron seriamente los derechos humanos y el progreso democrático en 2006. Aunque la constitución iraquí ofrece una firme estructura para la protección de los derechos humanos, los grupos armados atacaron los derechos humanos desde dos direcciones diferentes: la de aquellos que proclaman su hostilidad al gobierno, terroristas de Al-Qaeda, remanentes irreconciliables del régimen Baath e insurrectos que libran una guerra de guerrillas; y miembros de las milicias chiítas y fuerzas de seguridad individuales de los ministerios, aliados nominales del gobierno, que cometieron torturas y otros abusos.
Aunque desde la caída del Talibán en 2001 Afganistán ha logrado importantes progresos en cuanto a los derechos humanos, su historial al respecto siguió siendo deficiente. Esto se debe principalmente a unas instituciones centrales débiles y a una insurrección mortífera: el Talibán, Al-Qaeda y otros grupos extremistas intensificaron sus ataques contra funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad, ONG y otro personal que presta ayuda, así como contra civiles inermes; y la cantidad de atentados suicidas aumentó radicalmente durante el año, como lo hicieron los ataques a escuelas y maestros. Hubo continuos informes de casos de arrestos y detenciones arbitrarios, muertes extrajudiciales, tortura y malas condiciones en las prisiones. En diciembre, el presidente Karzai inició un Plan de Acción de Justicia de Transición, concebido para atender a las anteriores violaciones de los derechos humanos y mejorar la capacidad institucional del sistema de justicia.
Las significativas medidas tomadas por el Líbano tras el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005 y la subsiguiente retirada de las tropas sirias después de casi tres décadas de ocupación se han visto entorpecidas desde el conflicto de julio y agosto de 2006 entre Jezbola e Israel. Antes del conflicto, el gobierno libanés había comenzado a eliminar muchos de los obstáculos que prohibían las asociaciones y partidos políticos. Después de que Jezbola entrase en Israel desde el territorio libanés y secuestrara y matara a varios soldados israelíes, las fuerzas militares israelíes respondieron entrando en territorio libanés. El conflicto terminó con un cese de hostilidades auspiciado por las Naciones Unidas. A pesar del cese de hostilidades y del despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas y las Fuerzas Interinas de la ONU en el sur, las milicias libanesas y Jezbola mantuvieron influencia considerable en ciertas partes del país.
En Timor-Leste, una serie de choques mortíferos entre la fuerza nacional de defensa y una diversidad de fuerzas disidentes militares, policiales y civiles condujeron a una profusa violencia de turbas y pandillas en la capital. A solicitud del gobierno, fuerzas de Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Portugal asumieron la responsabilidad de la seguridad en la capital. El 25 de agosto la Misión Integrada de las Naciones Unidas para Timor-Leste se hizo cargo de las responsabilidades policiales. Este conflicto interno resultó en el desplazamiento de 150.000 personas aproximadamente, más del 15 por ciento de la población del país.
En tercer lugar, a pesar de los adelantos en cuestión de derechos humanos y principios democráticos en todas las regiones del mundo, gran parte de la humanidad vive todavía en el temor pero sueña con la libertad.
Aquellos países en los que el poder se mantuvo concentrado en manos de dirigentes que no rendían cuentas, totalitarios o autoritarios, continuaron siendo los violadores más sistemáticos de los derechos humanos.
En 2006 Corea del Norte siguió siendo uno de los regímenes más aislados y opresores del mundo. El régimen controla casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, negándoles las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación, y restringiendo la libertad de circulación y los derechos de los trabajadores. La constitución contempla la “libertad de creencia religiosa”, pero la auténtica libertad religiosa no existe. Se calcula que de 150.000 a 200.000 personas, entre ellas presos políticos, estaban retenidas en campos de detención, y que muchos presos murieron debido a la tortura, el hambre, la enfermedad y la exposición a los elementos.
El gobierno militar de Birmania usó extensamente las ejecuciones, las violaciones sexuales, la tortura, la detención arbitraria y el desplazamiento forzoso de pueblos enteros, particularmente poblados de minorías étnicas, para mantener su dominio del poder. Presos y detenidos fueron objeto de abusos y custodiados en condiciones que amenazaban su supervivencia. Continuó la vigilancia, el hostigamiento y la prisión de activistas políticos; la Premio Nóbel Aung San Suu Kyi, líder de la oposición, siguió incomunicada en arresto domiciliario, y más de 1.100 presos políticos languidecían en prisión. El uso del trabajo forzado, la trata de personas, el reclutamiento obligatorio de niños soldados y la discriminación religiosa siguieron siendo algo común. El gobierno volvió a reunir la ficticia Convención Nacional, eligiendo a voluntad sus delegados y prohibiendo el debate libre. Calificada como parte de una “hoja de ruta hacia la democracia”, la Convención fue concebida para anular los resultados de las elecciones de 1990 y aprobar una nueva constitución favorable al régimen. El desgobierno cruel y destructor del régimen resultó en un flujo de refugiados al exterior, la propagación de enfermedades infecciosas y el tráfico de drogas y seres humanos en los países vecinos.
El gobierno iraní violó flagrantemente la libertad de expresión y reunión, intensificando su represión contra disidentes, periodistas y reformadores. Esta represión está caracterizada por arrestos y detenciones arbitrarios, tortura, desapariciones, uso de fuerza excesiva y denegación general de los juicios públicos y justos. El gobierno siguió deteniendo y abusando a los Bahais y otras minorías religiosas y fue anfitrión de una conferencia, ampliamente censurada, que negaba la existencia del Holocausto. En el proceso de introducción de la Asamblea de Expertos de elecciones en Irán que tuvo lugar el 15 de diciembre, más de dos terceras partes de los que habían solicitado su inclusión como candidatos, entre ellos todas las mujeres candidatas, fueron descalificados, dejando muchos escaños sin candidatos para competir. También fueron descalificados centenares de candidatos en elecciones municipales. El gobierno siguió ignorando en 2006 las solicitudes nacionales e internacionales exigiendo un gobierno que rinda cuentas, apoyando movimientos terroristas en Siria y Líbano, como así también llamando a la destrucción de un estado miembro de las Naciones Unidas.
En Zimbabwe el gobierno de Mugabe continuó con sus violaciones generales de los derechos humanos. La corrupción y la impunidad de funcionarios continuaron ampliamente difundidas. La Ley de Secreto Oficial y Orden Público y Seguridad de 2002 siguió en vigor, restringiendo severamente las libertades civiles. En las elecciones parlamentarias de 2006 y de consejos de distritos rurales, la manipulación gubernamental del proceso electoral privó de sus derechos a algunos votantes y varió las elecciones a favor de los candidatos del partido gobernante. El dominio del partido gobernante permitió los cambios constitucionales sin una consulta amplia. Las fuerzas de seguridad hostigaron, golpearon y arrestaron arbitrariamente a críticos del gobierno y a opositores. Continuaron las perturbaciones y desórdenes en las granjas así como la confiscación de propiedades, que en ocasiones fue violenta. La campaña de expulsiones forzosas, que dejó sin hogar a 700.000 personas en el 2005 durante la operación “Restaurar el orden” se mantuvo en menor escala. El gobierno interfirió en los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para ofrecer ayuda. En diciembre, Mugabe y sus seguidores propusieron prorrogar su período de gobierno por dos años, mediante el aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta 2010.
En Cuba, el gobierno encabezado temporalmente por Raúl Castro debido a la enfermedad de Fidel Castro, siguió violando virtualmente todos los derechos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho fundamental a cambiar su gobierno por medios pacíficos o de criticar a la revolución o a sus dirigentes. En 2006 el gobierno aumentó su hostigamiento a los disidentes y otros ciudadanos considerados una amenaza para el gobierno, con frecuencia a través de acciones de turbas llamadas “actos de repudio” consistentes en insultos verbales y ataques físicos. También se llevaron a cabo con impunidad palizas y abuso de detenidos y presos. Aunque durante el año fueron liberados algunos presos como gesto simbólico, hacia finales de año aún quedaban por lo menos 283 presos y detenidos políticos, incluidos 59 de los 75 activistas pro democracia y derechos humanos encarcelados en la represión de marzo de 2003.
El historial de derechos humanos del gobierno chino se deterioró en algunas áreas en 2006. Hubo un aumento en el número de casos destacados de vigilancia, hostigamiento, detención y encarcelamiento de activistas políticos y religiosos, periodistas y escritores, así como de abogados defensores que intentaban ejercer sus derechos conforme a la ley. Algunos de los miembros de sus familias también fueron hostigados y detenidos. Continuaron en gran cantidad las manifestaciones y protestas masivas reclamando la atención a quejas formuladas, y en algunos casos fueron reprimidas violentamente. Se impusieron nuevos controles gubernamentales a las ONG, a los medios de comunicación (incluida la Internet), y a los tribunales y jueces. La represión de grupos religiosos no inscritos y de grupos minoritarios, en particular de los uighures y los tibetanos, siguió siendo una grave preocupación.
En Bielorrusia el gobierno de Lukashenko siguió intensificando sus políticas represoras. Las elecciones presidenciales de marzo adolecieron de vicios graves. Mil personas fueron arrestadas en una represión posterior de protestas públicas contra los resultados y muchas fueron condenadas a penas leves de cárcel. Más activistas y miembros de la oposición, incluido Aleksander Kosulin, que fue candidato contra Lukashenko en la elección presidencial, fueron condenados a penas de prisión que van de 2 a 5 años y medio de reclusión.
El gobierno de Eritrea siguió siendo uno de los más represivos en el África subsahariana, y su historial de derechos humanos empeoró en 2006. Las fuerzas de seguridad del gobierno cometieron asesinatos extrajudiciales; hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad dispararon a primera vista a personas que trataban de cruzar la frontera hacia Etiopía. El gobierno intensificó su campaña de arresto de evasores del servicio nacional así como de sus parientes, y también hubo informes fidedignos de que algunas de esas personas arrestadas fueron torturadas. Lo mismo que en 2005, el gobierno ordenó a varias ONG internacionales de carácter humanitario que salieran del país a pesar de la intensa sequía en el Cuerno de África. Continuaron las severas restricciones a la libertad religiosa.
La cuarta dura realidad es que a medida que se fortalece el impulso mundial en favor de mayor libertad personal y política, es enfrentado con creciente resistencia por quienes se sienten amenazados por el cambio político y social.
Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales son esenciales para el éxito de una nación. En el mundo de hoy los problemas que los estados confrontan son demasiado complejos incluso para que los más poderosos se enfrenten a estos solos. Las contribuciones de la sociedad civil y el libre flujo de ideas y de información son cruciales para atender a una cantidad de desafíos nacionales e internacionales. La restricción del espacio político de las organizaciones no gubernamentales y del debate público sólo limita el crecimiento propio de una sociedad.
En todas las regiones del planeta hubo en 2006 gobiernos que respondieron a las demandas crecientes de libertad personal y política no aceptando sus obligaciones hacia sus pueblos sino oprimiendo a quienes abogaban por los derechos humanos y denunciaban abusos, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación independientes, incluida la Internet. Un número preocupante de países aprobó o aplicó selectivamente leyes y reglamentos contra las ONG y los periodistas. Las ONG y los periodistas también estuvieron sujetos a medidas extralegales, con frecuencia por parte de asaltantes desconocidos. Por ejemplo:
En Rusia entró en vigencia en abril de 2006 una nueva ley de organizaciones no gubernamentales que impone requisitos de inscripción más rigurosos a las ONG, vigilancia más estricta a las organizaciones, requisitos de información extensos y onerosos sobre programas y actividades, y faculta al Servicio de Registro Federal a negar la inscripción o cerrar una organización conforme a criterios vagos y subjetivos. La libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación declinaron debido a las presiones y restricciones impuestas por el gobierno. En octubre, unos desconocidos asesinaron a la defensora de los derechos humanos Anna Politkovskaya, una periodista prominente conocida por sus artículos críticos sobre abusos de los derechos humanos en Chechenia. El gobierno utilizó su propiedad y control de todas las estaciones nacionales de televisión y de radio, así como de la mayoría de las regionales influyentes, para restringir el acceso a información que consideraba delicada.
En Bielorrrusia, onerosas inspecciones tributarias y requisitos de inscripción para las ONG dificultaron el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y continuaron los ataques contra miembros de los medios de comunicación independientes. El activista pro democracia Dmitriy Dashkevich fue condenado en noviembre a 18 meses de prisión por operar una ONG que no había sido registrada.
El gobierno de Kazajstán inscribió al partido de la oposición True Ak Zhol después de que uno de sus copresidentes, Sarsenbaiuly, fuera asesinado; e interpretó restrictivamente el artículo 5 de la constitución para suspender actividades de capacitación para los partidos políticos financiadas desde el exterior con fines no partidistas, afirmando que proporcionar información es equivalente a financiar los partidos políticos. En julio el presidente Nazarbayev firmó legislación con enmiendas restrictivas a los medios de comunicación, lo que se consideró un retroceso por el Representante de Libertad de Prensa de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. El gobierno siguió usando restrictivas leyes de difamación para multar, condenar y suspender medios de comunicación, periodistas y críticos. Un miembro de una organización periodística que había sido suspendida fue golpeado brutalmente en abril.
La libertad de expresión, asociación y de asamblea está restringida fuertemente en Turkmenistán, y el gobierno procuró controlar todas las actividades de organizaciones no gubernamentales. La televisión por satélite de origen extranjero es accesible en todo el país, pero el gobierno controló todos los medios de comunicación nacionales y a los periodistas locales se les prohibió todo contacto con extranjeros a menos que se les diera permiso específico. Se proporcionó acceso muy limitado a Internet a través de la empresa de propiedad estatal Turkmen Telecom; no se permitieron cuentas nuevas en la capital desde septiembre de 2002. En agosto el gobierno arrestó a los periodistas Ogulspapar Myradova, Annakurban Amanklichev y Sapardurdy Hajiyev y les condenó a entre seis y siete años de prisión bajo cargos de posesión de armas de fuego en un juicio sumarísimo secreto. Myradova, la corresponsal de Radio Free Europe/Radio Liberty, murió en la cárcel en septiembre en circunstancias sospechosas. Las organizaciones no gubernamentales informaron que ella y sus dos colegas fueron torturados durante su detención en el verano con el propósito de extraerles confesiones sobre la posesión de armas. El 21 de diciembre murió el presidente Saparmurat Niyazov.
El gobierno de Uzbekistán procuró controlar la mayor parte de las actividades de las ONG y clausuró más de 200 organizaciones de la sociedad civil, incluidas ONG internacionales que operaban en el país, citando supuestas violaciones de la ley. Continuó la persecución de los periodistas independientes y de los activistas de los derechos humanos.
El gobierno sirio controló estrictamente la diseminación de información y prohibió las críticas al gobierno y la discusión de temas sectarios, incluidos los derechos religiosos y de las minorías. Hubo detenciones y palizas por expresiones individuales de opinión que violaban estas restricciones, por ejemplo el arresto en febrero del periodista Adel Mahfouz después de que hiciera un llamado al diálogo interreligioso tras la controversia en torno a la representación del profeta Mahoma en caricaturas. El gobierno aplicó sus leyes de prensa y publicación, el código penal y la Ley de Emergencia para censurar el acceso a Internet y restringió los medios electrónicos. Se hostigó a activistas nacionales de derechos humanos, y se les impuso una estrecha vigilancia de modo habitual y prohibiciones de viaje cuando trataron de asistir a talleres y conferencias fuera del país.
La libertad de prensa estuvo en su punto más bajo en Irán, donde el gobierno clausuró los periódicos independientes Shargh e Irán, bloqueó el acceso a los sitios web de noticias en Internet – incluidos los de The New York Times y BBC Farsi – y arrestó a periodistas y comentaristas electrónicos. Las autoridades usaron la prohibición de salir del país como un arma contra los periodistas.
En Burundi hubo un aumento en el arresto, detención e intimidación de periodistas y de activistas de los derechos humanos por parte del gobierno; entre muchos otros individuos, la policía arrestó y detuvo durante varios meses al presidente de la principal ONG del país contra la corrupción. Se informó que el gobernador de una provincia calificó a la principal ONG de derechos humanos del país, la Liga Iteka, de enemiga de la paz, y en noviembre un funcionario del gobierno anunció que 32 ONG internacionales inscritas en el país podrían ser expulsadas por no haber presentado los informes anuales obligatorios al gobierno.
En Ruanda hubo una atmósfera restrictiva para el funcionamiento de la sociedad civil. Las ONG nacionales e internacionales están obligadas por ley a inscribirse en un registro cada año y presentar informes sobre sus actividades al gobierno. Se informó que las autoridades exigieron que algunas ONG obtengan autorización del gobierno para algunos proyectos antes de que se les permita el acceso a fondos de donantes internacionales. Además, se espera que todas las ONG se incorporen a un organismo colectivo cuya misión es administrar sus actividades.
El gobierno de Venezuela siguió hostigando e intimidando a los grupos de la sociedad civil, más notablemente a los líderes de la ONG de vigilancia electoral Súmate, cuyo juicio bajo cargos de conspiración y traición por aceptar un subsidio extranjero fue aplazado indefinidamente pero sigue pendiente. Hacia finales de año se estaba considerando en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, de llevarse a cabo, aumentaría el control del gobierno sobre la financiación de las ONG y restringiría a las ONG de trabajar en las áreas de derechos humanos o promoción de la democracia. Las enmiendas al código penal que imponen condenas de prisión por insultar a los funcionarios públicos y ataques violentos contra periodistas contribuyeron a crear un clima de autocensura. El gobierno intensificó el hostigamiento de los medios informativos independientes y de oposición. En diciembre el presidente Chávez anunció que el gobierno no renovará la licencia de transmisión de Radio Caracas Televisión, la cadena de televisión comercial más antigua del país. El gobierno acusó a los propietarios de la cadena de ser “golpistas” y de violar la confianza pública.
En China, las ONG tanto nacionales como internacionales siguieron enfrentándose a un mayor escrutinio y restricciones. Hacia fines de 2006, Reporteros sin Fronteras informó que 31 periodistas y 52 escritores de Internet se encontraban en la cárcel. Aunque el gobierno alentó al uso de Internet, también adoptó medidas para vigilar su uso, controlar el contenido, restringir la información y castigar a quienes infringen los reglamentos. El gobierno impuso requisitos más estrictos para la inscripción de sitios web, aumentó el control oficial del contenido en línea y expandió la definición de contenido ilegal en línea. El gobierno bloqueó consistentemente el acceso a sitios que consideraba controvertidos y se informó que las autoridades comenzaron a usar tecnología más sofisticada que permite el bloqueo selectivo de contenido específico en vez de sitios web enteros.
Vietnam siguió vigilando y restringiendo la Internet, bloqueando los sitios web internacionales de noticias y de derechos humanos. Las leyes permiten a los ciudadanos quejarse abiertamente de la ineficiencia y corrupción del gobierno, pero este siguió prohibiendo a la prensa que escriba artículos que cuestionen el papel del Partido Comunista, promuevan el pluralismo o la democracia multipartidista o que cuestionen la política de derechos humanos. El gobierno prohíbe el acceso directo a Internet a través de proveedores de servicio independientes y requiere a los propietarios de los cibercafés que registren la información personal de sus clientes y de los sitios visitados. El gobierno dejó en libertad a varios disidentes políticos y religiosos destacados, incluido el Dr. Pham Hong Son, quien había sido encarcelado por traducir artículos sobre la democracia y diseminarlos a través de Internet.
El genocidio fue la realidad más grave de todas.
Casi 60 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas – una expresión de la conciencia indignada de la humanidad ante la enormidad del Holocausto y del cataclismo de la segunda guerra mundial --, el genocidio siguió asolando la región de Darfur en Sudán.
A pesar del Acuerdo de Paz Integral de enero de 2005 que puso final a 22 años de guerra civil entre el norte y el sur y del establecimiento de un gobierno de unidad ese año, el conflicto étnico continuó en Sudán, de manera más catastrófica en Darfur. El gobierno sudanés y la milicia janjaweed (“jinetes armados”) respaldada por las autoridades son responsables del genocidio de Darfur, y todas las partes en el conflicto cometieron graves abusos, incluida la matanza extendida de civiles, las violaciones sexuales como instrumento de guerra, la tortura sistemática, el robo y el reclutamiento de niños soldados. Hacia fines del año 2006 el conflicto de Darfur había resultado en la muerte de por lo menos 200.000 civiles y el desplazamiento de dos millones de personas debido a la lucha. Más de 234.000 refugiados habían huido al vecino Chad, y tanto Chad como la República Centroafricana experimentaron un violento conflicto étnico en sus zonas fronterizas con Sudán.
A pesar de las indicaciones de apoyo al acuerdo de referencia de Addis Abeba, el gobierno sudanés rechazó públicamente fuerzas internacionales para Darfur y reanudó su ofensiva militar durante la segunda mitad de 2006. Las condiciones de seguridad cada vez más deterioradas forzaron a algunas ONG internacionales y organizaciones humanitarias a reducir o suspender sus operaciones.
Defensa de los defensores
Para que la gran promesa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se cumpla, la comunidad internacional – y especialmente las democracias del mundo – no pueden aceptar que las sombrías realidades de hoy día sean inmunes al cambio. En realidad, nos impulsan a alinearnos con quienes trabajan por la dignidad humana y la reforma política.
En 2006 los valientes esfuerzos de los defensores de los derechos humanos fueron destacados por los gobiernos democráticos:
Las resoluciones por país aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 subrayaron la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos en Irán, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, surgido de una idea presentada a la Asamblea General por el presidente Bush en 2004 y establecido en 2005, completó con éxito su primer año. Su junta directiva acordó financiar 125 proyectos de más de 1.300 propuestas presentadas por más de 100 países, lo cual representa un desembolso de más de 35 millones de dólares en subsidios principalmente para organizaciones de la sociedad civil en pro de la democracia.
En el ámbito regional, en junio de 2006 la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la declaración de Santo Domingo, un compromiso multilateral innovador suscrito por los países de la región para “garantizar el derecho de todas las personas a gozar de la libertad de expresión, incluyendo el acceso sin censura al debate político y al intercambio libre de ideas, a través de todos los medios masivos de comunicación, incluyendo la Internet”. Los ministros de relaciones exteriores también declararon su resolución a desarrollar y alentar estrategias y las mejores prácticas con ese fin.
La Unidad de Defensores de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un informe sobre los graves problemas a los que se enfrentan en algunos países, destacando la necesidad de que los gobiernos apoyen su labor.
En anticipación a la Asamblea de Jefes de Estado de la Unión Africana en julio, organizaciones de la sociedad civil de 19 países africanos se reunieron en Banjul, Gambia, con el fin de elaborar recomendaciones para los líderes de la cumbre respecto al papel de la sociedad civil en el Mecanismo Africano de Revisión de Iguales sobre el cumplimiento por los países de sus obligaciones en los tratados, formas de mejorar el acceso de la sociedad civil a la información y leyes de ciudadanía que combatan la discriminación. En la cumbre se adoptaron estas recomendaciones.
En la región del Oriente Medio en sentido amplio y del Norte de África el Foro para el Futuro congregó a funcionarios de gobiernos y representantes de la sociedad civil de la región, junto con asociados del G-8, junto al Mar Muerto en Jordania. Casi 50 dirigentes de la sociedad civil, en representación de centenares de organizaciones de 16 países de la región, participaron en deliberaciones sobre el estado de derecho, la transparencia, la habilitación de las mujeres y los jóvenes, y el entorno legal para las organizaciones de la sociedad civil. También consideraron cómo fortalecer la reforma por medio del establecimiento de mecanismos para seguir las recomendaciones. Aunque lo más difícil está por venir – con la adopción e implementación de las recomendaciones adelantadas por la sociedad civil – el Foro ayudó a abrir un espacio político que antes no existía para las organizaciones de la sociedad civil, para formarse e interactuar con los gobiernos en la región.
Al observar el Día Internacional de los Derechos Humanos en diciembre de 2006, la Secretaria Rice lanzó dos iniciativas estadounidenses importantes en apoyo de los defensores de los derechos humanos y de la democracia:
Anunció la creación de un Fondo de Defensores de los Derechos Humanos a ser administrado por el Departamento de Estado que desembolsará rápidamente pequeños subsidios para ayudar a los defensores de los derechos humanos que enfrenten necesidades extraordinarias como resultado de la represión gubernamental. Este financiamiento podrá dedicarse a cubrir gastos de defensa legal, costos médicos o las necesidades apremiantes de las familias de los activistas.
La Secretaria Rice también emitió 10 pautas de Principios para las ONG (http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm) con respecto al trato de las organizaciones no gubernamentales por los gobiernos. Estos principios básicos guiarán el tratamiento de las ONG por Estados Unidos y también se usarán para evaluar las acciones de otros gobiernos. Los principios están dirigidos a complementar documentos más extensos y más detallados de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales respecto a los defensores de los derechos humanos y pueden ayudar a conseguir apoyo mundial para las ONG al servir como un recurso de fácil acceso para los gobiernos, organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil y periodistas.
Cuando las democracias apoyan la labor de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, se ayuda a los hombres y mujeres de todo el mundo a dar forma libremente a sus propios destinos; y al hacerlo, se contribuye a construir un mundo más seguro y mejor para todos.
Debemos defender a los defensores, porque ellos son los agentes del cambio democrático pacífico.
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/esp)
