30 octubre 2009
Decidir lo que es la ley
Por David G. Savage
Este artículo pertenece al periódico electrónico de octubre de 2009 El Tribunal Supremo de Estados Unidos. Para consultar los demás artículos, haga clic a la derecha.
David G. Savage escribe sobre el Tribunal Supremo para los periódicos Los Angeles Times y Chicago Tribune. También es autor de The Supreme Court and the Powers of the American Government y The Supreme Court and Individual Rights, ambas publicadas en 2009 por la editorial CQ Press de Washington.
Savage explica en este ensayo el tipo de casos que llegan al Tribunal Supremo y analiza algunos de los que se considerarán en el período de sesiones 2009-2010.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos inicia su período anual de sesiones en octubre, fecha en que comienza su examen de toda una gama de casos y cuestiones legales, todos ellos surgidos de distintos tribunales estatales y federales del país. Algunos se refieren al significado de las leyes federales. Otros exigen una interpretación de la Constitución.
Por ejemplo, ¿puede un fiscal federal enviar a la cárcel a un hombre que vendió videos que muestran a animales de granja a los que muerden y matan unos perros salvajes? Todos los estados tienen leyes contra la crueldad hacia los animales, que incluyen leyes contra las peleas de perros. El Congreso hasta tipificó como delito la venta de fotos o videos que muestran la tortura y muerte de animales.
Pero cuando Robert Stevens fue declarado culpable de vender videos de peleas de perros, un tribunal de apelaciones de Filadelfia lo puso en libertad y declaró que la ley violaba la Primera Enmienda de la Constitución. “El Congreso no redactará ninguna ley… que limite la libertad de expresión”. El 6 de octubre de 2009 los jueces del Tribunal Supremo oyeron el caso EE.UU. contra Stevens para decidir si una película de peleas de perros merece ser protegida como libertad de expresión.
Al día siguiente, en el caso Salazar contra Buono, el Tribunal consideró si podía permanecer en un parque nacional una cruz que rinde homenaje a los soldados caídos. El año pasado, un tribunal de apelaciones de San Francisco dijo que se tenía que retirar la cruz de su actual emplazamiento, porque la presencia de un símbolo cristiano en terrenos públicos violaba la prohibición de la Primera Enmienda relativa al “establecimiento de una religión” por el gobierno.
No todos los casos entrañan cuestiones tan abstractas. Chermane Smith quería que la policía de Chicago le devolviera el automóvil… y pronto. Había sido confiscado cuando arrestaron en él a su novio y encontraron que llevaba encima drogas. La ley de Illinois relativa al procedimiento de confiscación de drogas le permite al estado confiscar vehículos que se utilizan para cometer delitos relativos a la droga. Como propietaria inocente, Smith tenía derecho a que le devolvieran el automóvil, pero la ciudad también tenía derecho a hasta seis meses para celebrar una audiencia donde se decidiría qué hacer con el artículo confiscado. Ella y otros residentes de Chicago entablaron una demanda, citando la cláusula de la Constitución según la cual el gobierno no puede confiscar propiedad “sin el debido proceso legal”. En Alvarez contra Smith, caso que el Tribunal vio el 14 de octubre, los jueces considerarán si a estos propietarios de automóviles se les debe una audiencia rápida.
En total, hay 45 casos previstos entre el primer lunes de octubre y las primeras semanas de enero. En ese intervalo, los jueces también considerarán cerca de 150 peticiones de apelación que llegan cada semana. Algunas—alrededor del 1 por ciento—serán aceptadas para la revisión y la presentación oral de argumentos de esos casos se programará en tres o cuatro meses.
Decidir lo que es la ley
El Tribunal Supremo se encuentra en la cúspide de un sistema judicial federal que incluye a magistrados y jueces de distrito federales y, por encima de ellos, 12 tribunales de apelaciones regionales y un tribunal especializado para denuncias sobre patentes y comercio internacional. La mayoría de los casos del Tribunal Supremo llegan a los jueces después de circular por el sistema. También llegan casos al Supremo desde tribunales superiores estatales, si la disputa se refiere a una cuestión de ley federal o constitucional.
Para conseguir una revisión en el Tribunal Supremo, la persona tiene que haber perdido el caso. Es decir, el Tribunal sólo ve apelaciones de personas o partes que hayan perdido un caso, o por lo menos una parte importante del mismo, en un tribunal inferior. El caso debe presentar también una disputa actual con consecuencias reales. Se ha interpretado que el Artículo III de la Constitución permite a los tribunales federales ver sólo los casos que planteen “una controversia” actual, sin que se permitan opiniones consultivas. Sin embargo, lo que es más importante es que el caso ha de plantear una cuestión legal de importancia bajo disputa. La primera razón para aceptar el caso, según los jueces, es cuando el tribunal de apelaciones federal tiene opiniones encontradas en una cuestión relacionada con una ley federal.
Está claro que una misma ley no puede interpretarse de distinta manera en distintos lugares del país. Hacen falta los votos de por lo menos cuatro de los nueve jueces para ver un caso. Y hace falta la mayoría de los jueces participantes—o sea, cinco si participan los nueve—para decidir el caso.
La función única del Tribunal Supremo a través de su historia ha sido la de declarar la ley y determinar los poderes del gobierno. “La competencia del poder judicial es enfáticamente decir lo que es la ley”, declaró el entonces presidente del Tribunal Supremo John Marshall, en 1803. Su opinión en Marbury contra Madison estableció tres principios que sentaron las bases del derecho constitucional estadounidense. Primero, la propia Constitución está por encima de todas las leyes ordinarias, incluso las que aprueba el Congreso y firma el presidente. Segundo, es el Tribunal Supremo el que define la Constitución y dice “lo que es la ley”. Tercero, el Tribunal invalidará las leyes que considere que están en conflicto con la Constitución.
Para quienes no estén familiarizados con la democracia estadounidense—y para muchos que sí lo están—les parecerá peculiar poner tanto poder en manos de nueve jueces nombrados y no elegidos. Pueden derogar leyes—federales, estatales y locales—promulgadas por el pueblo y sus representantes. Puede que parezca una paradoja, pero este hecho no es accidental ni erróneo. Los autores de la Constitución depositaron gran confianza en la idea de un plan escrito de gobierno que pudiera sostenerse como ley. Otorga poderes específicos a tres ramas del gobierno y divide la autoridad entre ellas. Las diez enmiendas de la Constitución, conocidas como la Declaración de Derechos, estipulan los derechos reservados a las personas. Para que funcione este gran plan, alguien o algún órgano independiente de los conflictos políticos tiene que hacer cumplir la Constitución como ley fundamental. Ese órgano es el Tribunal Supremo.
Leyes federales contra leyes estatales
Tal como se redactó en 1787, la Constitución sólo consta de 4.500 palabras. Dejó muchas preguntas sin respuesta. La principal fue: ¿qué pasa con los estados? Los representantes de los 12 estados (de los 13 estados originales, Rhode Island no participó) redactaron y ratificaron el plan de un nuevo gobierno federal, aunque entonces como ahora muchos aspectos del gobierno cotidiano permanecieron competencia de los estados y los municipios. Allí es donde los ciudadanos se inscriben para votar. Allí es donde se construyen y operan las carreteras, escuelas, parques y bibliotecas. Allí es donde la policía y los bomberos protegen la seguridad del público. El Tribunal Supremo ha dedicado gran parte de su tiempo a arbitrar los conflictos entre las autoridades nacionales y los estados. No ha resuelto todos los conflictos. La Guerra Civil estadounidense comenzó en 1861, cuando los estados del Sur hicieron valer su derecho a separarse de Estados Unidos.
Estas disputas continúan hoy en día, aunque no tan ferozmente. En casi todos los períodos de sesiones, el Tribunal decide uno o más casos que involucran conflictos entre las reglamentaciones federales y las leyes estatales. Muchos productos, entre ellos medicamentos que se venden por receta, son regulados por el gobierno federal. Sin embargo, los estados tienen leyes que permiten al consumidor damnificado demandar a un fabricante. Amparándose en una ley semejante, la música Diana Levine, de Vermont, obtuvo un veredicto de indemnización por siete millones de dólares a su favor tras demandar a la farmacéutica Wyeth. Tras administrársele por inyección un fármaco contra las nauseas, sufrió una gangrena y los médicos tuvieron que amputarle el brazo. En su apelación, los abogados de Wyeth sostuvieron que el medicamento y su etiqueta de advertencia habían sido aprobadas por la Dirección de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos y que dicha aprobación la protegía contra juicios. El Tribunal Supremo discrepó en Wyeth contra Levine el 4 de marzo de 2009. En una votación de seis a favor y tres en contra, el Tribunal falló que la aprobación federal de un medicamento no inhabilita ni invalida las leyes de protección del consumidor de un estado.
A veces, el fallo del Tribunal Supremo puede darle nueva forma a todo un ámbito de actividad económica. En 1980, por votación de cinco a favor y cuatro en contra, el Tribunal confirmó la patente de una bacteria creada genéticamente que podía disolver el petróleo crudo. Quienes se oponían sostenían que no se podía patentar un organismo viviente. Al fallo en Diamond contra Chakrabarty se atribuye el comienzo de la industria de la biotecnología.
En este período de sesiones, el Tribunal decidirá si se puede patentar un nuevo método de negocios. Bernard Bilski y un co-inventor crearon una fórmula matemática que mide el riesgo de los costos de energía debido a fluctuaciones en las condiciones meteorológicas, y el método se ha utilizado en universidades y empresas. Pero la Oficina estadounidense de Patentes y Marcas rechazó la solicitud de patente presentada por Bilski aduciendo que se trataba de una idea abstracta, si bien útil, que no involucraba una máquina o la transformación de materia física. Los abogados dicen que el resultado del caso Bilski contra Doll podría afectar la situación de miles de patentes en muchos ámbitos, incluso los programas informáticos.
Pero las más conocidas decisiones del Tribunal en fechas recientes han sido consecuencia de demandas constitucionales relacionadas con los derechos de las personas. Antes del siglo XX, los jueces decían que la Declaración de Derechos limitaba sólo al gobierno federal. Después de todo, las primeras palabras de la Primera Enmienda rezan: “El Congreso no redactará ninguna ley…”. Sin embargo, a partir de la década de 1930, el Tribunal decidió que la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda, que no se aplicaba a los estados (“ningún Estado podrá tampoco privar a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso jurídico”), “incorporaba” ciertos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad contra cateos irrazonables. Esta fue una noción poderosa. Significaba que las protecciones de la Constitución de Estados Unidos abarcaban toda comisaría y cárcel, e incluso toda escuela pública y concejo municipal. Los fallos más polémicos de las últimas décadas aplicaron derechos constitucionales para poner fin a prácticas y costumbres de larga data. Entre estos cabe destacar Brown contra Junta de Educación (1954), que proscribió la discriminación racial en las escuelas públicas; Engel contra Vitale (1962), que prohibió “rezos oficiales” en las escuelas públicas; Miranda contra Arizona (1966), que le dijo a la policía que tiene que advertir a los sospechosos de haber cometido un delito acerca de su derecho a guardar silencio, y Roe contra Wade (1973), que derogó muchas leyes estatales contra el aborto.
Fidelidad a la Constitución
Cada período de sesiones del Tribunal Supremo plantea polémicas nuevas. En el otoño de 2009, el Tribunal decidirá si constituye un “castigo cruel e inusitado” condenar a un delincuente menor de edad a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, por un delito menos grave que asesinato. Dos casos de Florida se oirán el 9 de noviembre de 2009. Sullivan contra Florida tiene que ver con Joe Sullivan, ahora de 33 años, que tenía 13 años cuando fue declarado culpable de la violación de una mujer anciana y condenado a cadena perpetua. Graham contra Florida se refiere a Terrance Graham, condenado a cadena perpetua por un delito de robo armado que cometió a los 16 años. Según el informe de Amnistía Internacional de 2005, por lo menos 2.225 personas están sirviendo condenas de cadena perpetua en Estados Unidos por delitos que cometieron cuando eran menor de edad.
Hasta ahora los jueces han sido reacios a imponer límites constitucionales a las penas de prisión. Sin embargo, el Tribunal ha invocado la prohibición de “castigo cruel e inusitado” de la Octava Enmienda para limitar la pena de muerte, lo que incluye el fallo en 2005, en el caso Roper contra Simmons, que puso fin a la pena de muerte para los menores de 18 años que cometen un asesinato.
Los detractores en el Congreso y en otras partes criticaron al Tribunal por haber reconocido “el peso abrumador de la opinión internacional” contra la pena de muerte para delincuentes menores de edad. “Estados Unidos es ahora el único en un mundo que le ha dado la espalda a la pena de muerte para menores de edad”, escribió el juez del Tribunal Anthony M. Kennedy. Destacó, sin embargo, que el fallo se apoyaba en el “consenso nacional” actual en Estados Unidos de que ejecutar a un delincuente menor de edad era tanto cruel como inusitado.
En el párrafo de cierre del escrito, Kennedy dijo que “con el tiempo, de una generación a otra, la Constitución se ha ganado el enorme respeto e incluso, como [el redactor de la Constitución y posteriormente presidente James] Madison osó esperar, la veneración del pueblo estadounidense. No reduce nuestra fidelidad a la Constitución o nuestro orgullo en sus orígenes admitir que la afirmación expresa de determinados derechos fundamentales por parte de otros países simplemente subraya la centralidad de esos mismos derechos en nuestro propio patrimonio de la libertad”.
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política del gobierno de Estados Unidos.
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/esp )
