06 julio 2009

Cómo perfeccionar los juicios por jurado

Este artículo pertenece al periódico electrónico de julio de 2009 Anatomía de un juicio por jurado. Para consultar los demás artículos de esta publicación haga clic a la derecha.

Dos organizaciones promueven principios destinados a hacer que los jurados sean más representativos de sus comunidades y a modificar la forma en que se realizan los juicios para que los miembros del jurado entiendan mejor las cuestiones complejas. Gregory E. Mize, ex juez de primera instancia en Washington D.C., es actualmente miembro judicial del Centro Nacional de Tribunales de los Estados. Agradecería recibir comentarios de los lectores en gmize@ncsc.org.

Por Gregory E. Mize

Aunque Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña en 1776, mantuvo la institución inglesa del juicio por jurado como pieza central de su sistema judicial. La profunda desconfianza que sentía el pueblo estadounidense por el poder centralizado del gobierno llevó a la aprobación abrumadora en las constituciones del gobierno federal y de los gobiernos de los estados de garantías que asegurasen que los pares del litigante fueran los que decidieran la culpabilidad o inocencia en causas penales, así como la responsabilidad o no responsabilidad en juicios civiles.

En los siglos posteriores, el pueblo estadounidense mantuvo su firme consenso sobre el valor del juicio por jurado. Sin embargo, durante ese  tiempo los juicios por jurado todavía se realizaban con fidelidad a muchas de las presunciones y prácticas del siglo XVIII. En concreto, los jueces y abogados querían controlar el juicio, a menudo hablando en jerga y exigiendo que otros participantes siguieran el procedimiento legal sin explicarlo. Los jueces, que dominaban la presentación de los casos, ordenaban a los ciudadanos miembros del jurado que permanecieran en silencio y totalmente pasivos hasta ya el final, cuando llegaba el momento de rendir el veredicto.

Estas prácticas están cambiando. A partir de la década de 1990, varios autores en los medios populares y algunos juristas han atacado en forma sostenida los juicios por jurado, especialmente en las causas civiles. Litigantes frecuentes, que a menudo son empresas, han señalado repetidamente unos cuantos casos en los que el jurado ha otorgado indemnizaciones de grandes sumas de dinero, al parecer irracionales, como prueba de que el sistema de juicios por jurado en causas civiles está fuera de control. Tanto en casos penales como civiles, muchos abogados y clientes se han quejado de que las características sociales de los ciudadanos que se eligen para servir en los jurados no reflejan las características de la población general, especialmente en lo que se refiere a la falta de representación adecuada de minorías étnicas y distintas clases económicas.

Mejores prácticas

Para responder a estas críticas (basadas en los hechos o en la percepción), el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) y el Centro Nacional de Tribunales de los Estados (NCSC) iniciaron una campaña para persuadir a jueces y abogados de la necesidad de mejorar las prácticas de los juicios por jurado con la finalidad de acrecentar la confianza y aceptación del sistema. Tras comisionar un grupo diverso de profesionales en la materia y de jurisconsultos de todo el país, la ABA promulgó el documento Principios para los jurados y los juicios por jurado (en inglés), acompañado de comentarios perentorio. Actualmente estos principios son el criterio con el que se miden las prácticas en los juicios con jurado en Estados Unidos. Gracias al Centro de Estudios sobre Jurados del NCSC, y a un creciente número de jueces de primera instancia y abogados de todo el país, los principios se utilizan como guía en el establecimiento de normas y formación práctica de las conferencias de magistrados y abogados. A continuación se indican algunos de estos principios:

El principio 2 declara: “Los ciudadanos tienen derecho a prestar servicio en un jurado y su participación ha de facilitarse”. Con ese fin, el principio advierte que la idoneidad del ciudadano para servir como jurado no debe estar limitado ni denegarse por razones de raza, género, edad, origen nacional, discapacidad u orientación sexual. Indica que el tiempo requerido para prestar dicho servicio “sea el período de tiempo más corto posible en armonía con lo que exige el ejercicio de la justicia”. Además, los ciudadanos que participen en un jurado deben recibir un emolumento razonable que les ayude a cubrir gastos rutinarios como el transporte, las comidas y la guardería infantil.

El principio 7 estipula que los tribunales deben proteger la privacidad de los jurados. Por ejemplo, propone que, tras la selección del jurado, los tribunales deben respetar la confidencialidad de los datos personales del jurado, a menos que haya motivo suficiente para no hacerlo. Durante la etapa de selección del jurado, este principio anima a los tribunales a interrogar a los candidatos sin que estén presentes otros jurados, cuando se trata de su experiencia anterior con asuntos que potencialmente puedan ser objeto de prejuicio o si el caso contiene aspectos de índole delicada.

El principio 10 aconseja a los tribunales a utilizar procedimientos abiertos, justos y flexibles cuando seleccionan a un grupo representativo de posibles jurados. Para contrarrestar la crítica de que muchos jurados no reflejan las características demográficas en cuanto a raza, género y nivel de ingresos de la comunidad a la que pertenece el tribunal, este principio declara contundentemente que no debe hacerse exención automática de la obligación de servir en un jurado por la ocupación del ciudadano. No debe suponerse que los médicos, abogados, policías, políticos y otros profesionales están exentos de esta obligación. Además, este principio reza que los tribunales deben citar a los ciudadanos para que sirvan en los jurados utilizando listas de múltiples fuentes, como los registros de licencias para conducir, el censo electoral y listas de contribuyentes, con el objeto de lograr una representación más amplia de la comunidad a la que sirve el tribunal. El fundamento de este principio es la idea de que si los tribunales procuran la máxima inclusión cuando solicitan la participación en un jurado, promueven entre el público la confianza de que los litigantes probablemente sean juzgados por un jurado de sus pares.

Mejor comprensión

En cuanto a la crítica de que los jurados no tienen la capacidad para comprender los hechos y aplicar las leyes en muchos casos modernos, como los que tratan de complejas operaciones financieras o intervenciones médicas especializadas, varios principios instruyen a los jueces para que actúen no solo como árbitros y a los abogados para que no sean sólo combatientes.

Por ejemplo, el principio 13 aboga por que los tribunales y las partes “promuevan vigorosamente la comprensión de los hechos y las leyes por parte del jurado” durante todo el juicio. En particular, este principio recomienda que se permita a los miembros del jurado tomar notas; disponer de libretas con las instrucciones del tribunal y los elementos probatorios comunes; someter a los testigos preguntas por escrito en causas civiles y hablar sobre las pruebas entre ellos durante prolongados juicios de litigios civiles.

Según el principio 6, aún antes de presentar las pruebas del caso, los tribunales deben ofrecer a los ciudadanos llamados a servir en un jurado programas de orientación sobre los aspectos esenciales de un juicio por jurado, utilizando materiales escritos, orales y audiovisuales. Además, este principio insta a los tribunales a no solo dar instrucciones detalladas a la conclusión del juicio, sino también instrucciones previas al juicio sobre conceptos básicos y procedimientos. Es importante también contrarrestar la crítica generalizada de que con demasiada frecuencia los jueces, abogados y peritos emplean un lenguaje ininteligible. Los principios recomiendan a los tribunales a que instruyan a los jurados “en un lenguaje sencillo y comprensible”.

En cuanto a la costumbre de los tribunales de no asistir a los jurados durante la deliberación, cuando tienen dificultades para llegar a un veredicto, el principio 16 recomienda que los tribunales, en consulta con los abogados litigantes, les ofrezcan ayuda “cuando se informa de un supuesto obstáculo insuperable”. Este principio cuestiona la vieja tradición de los tribunales de adoptar repentinamente una actitud pasiva y silenciosa cuando el jurado deliberante comunica que está teniendo problemas para alcanzar un acuerdo. El principio 16 propone que, durante dichas deliberaciones, cuando quizá sea mayor la necesidad de claridad del jurado, los jueces y los abogados sean generosos, no tacaños con su pericia.

En Estados Unidos, donde el juicio por jurado es un tesoro nacional, esta joya de la justicia se perfecciona constantemente.

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política del gobierno de Estados Unidos.