06 julio 2009

La función del abogado defensor

Este artículo pertenece al periódico electrónico de julio de 2009 Anatomía de un juicio por jurado. Para consultar los demás artículos de esta publicación haga clic a la derecha.

Para aquellos acusados que están dispuestos a asumir los riesgos de un juicio, un abogado defensor capaz puede poner en tela de juicio incluso los extraordinarios poderes del Estado. Como abogado en el bufete de Miller Chevalier en Washington D.C., Barry Pollack representa a personas y empresas en investigaciones y juicios penales.

Por Barry Pollack

El sistema de justicia penal de Estados Unidos confiere al Estado poderes extraordinarios en los juicios de delitos penales e impone, al mismo tiempo, cargas sustanciales a la habilidad del Estado de obtener una condena. Tanto el poder que se otorga al Estado como las limitaciones que se imponen sobre éste crean una función que presenta un desafío para el abogado defensor en causas penales.

Cuando se presentan cargos penales, el acusado goza de considerables protecciones procesales, entre ellas el derecho a que se le asigne un abogado si carece de recursos. Sin embargo, las sentencias pueden ser draconianas, aún para delincuentes no violentos que han cometido su primer delito. Los fiscales tienen considerable poder a la hora de negociar los cargos y la condena, y ofrecen cargos menores con sentencias reducidas a cambio de la admisión de culpabilidad o la ayuda del acusado en el procesamiento de otros casos, o ambos. La combinación de una discreción casi ilimitada para reducir los cargos y las sentencias y los encarcelamientos prolongados que acompañan a muchos delitos confiere a los fiscales una enorme ventaja de negociación para resolver los casos sin comprobar los hechos por medio del procedimiento contencioso de un juicio.

Dos ejemplos recientes ilustran la disparidad que existe entre quienes aceptan la negociación y quienes deciden ir a juicio. El director financiero del gigante de las telecomunicaciones MCI/WorldCom cometió un enorme fraude contable en la compañía. Se declaró culpable y recibió una sentencia de cinco años. El director general optó por ir a juicio. Fue condenado y sentenciado a veinticinco años de prisión. De modo similar, el director financiero de Enron Corporation, el conglomerado con sede en Houston (Texas), se declaró culpable de fraude contable y recibió una sentencia de seis años. Otro alto ejecutivo que optó por ir a juicio fue condenado y sentenciado a veinticuatro años de prisión.

Para aquellos que van a juicio, los riesgos son grandes, pero la posible recompensa también lo es. En el juicio, recae sobre el gobierno la carga que probar a la satisfacción unánime de los doce miembros del jurado que el acusado es culpable. La defensa tiene derecho a solicitar documentos y pruebas físicas y de obligar a que comparezcan testigos. Sin embargo, la defensa a menudo procede a ciegas, porque los testigos no necesitan hablar con la defensa antes del juicio y el gobierno sólo tiene obligaciones limitadas para revelar las pruebas que ha obtenido. Además, los testigos tienen derecho a no incriminarse y puede negarse a declarar. A diferencia del gobierno, la defensa no puede obligar a un testigo a declarar a cambio de concederle inmunidad. Por consiguiente, la defensa generalmente no puede demostrar la inocencia. Más bien, la defensa expone debilidades en el caso del gobierno e intenta sembrar dudas entre los miembros del jurado.

El abogado defensor de una causa penal tiene el derecho, y en efecto la obligación, de reunir todos los hechos y argumentos posibles a favor del acusado, con la limitación de que no puede hacer a sabiendas declaraciones falsas.

El desafío que afronta el gobierno

En el sistema de tribunales federales estadounidenses, el porcentaje de condenas es de aproximadamente 90 por ciento. Sin embargo, la carga que recae sobre el gobierno en los juicios es considerable, especialmente cuando afronta abogados defensores expertos que tienen los recursos adecuados para investigar los hechos y presentar impugnaciones legales. Para quienes tienen la fortaleza de poner a prueba la evidencia del gobierno mediante el procedimiento contencioso, la recompensa puede ser una absolución y la reivindicación. El gobierno, no acostumbrado a la impugnación de las pruebas que presenta, puede descubrir que sus testigos no son tan firmes como pensaba o que sus pruebas son más susceptibles a una interpretación compatible con la inocencia que lo que había anticipado.

Yo he sido abogado defensor en causas penales durante casi veinte años. Si bien ha habido excepciones, en la mayoría de los casos el resultado fue justo y el proceso digno de admiración.

El juicio de los ejecutivos de Enron Corporation ilustra los poderes y las limitaciones del gobierno. Los alegatos de fraude generalizado en Enron condujeron rápidamente a su vilipendio público como una empresa que falsificó documentos financieros y a la percepción pública de que sus empleados eran manipuladores ricos que se beneficiaron enormemente mientras los inversionistas sufrieron las consecuencias.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos invirtió recursos extraordinarios en el procesamiento del presunto fraude ocurrido en Enron. Más de cien personas fueron nombradas como presuntos conspiradores en el colapso de la empresa, se aceptaron aproximadamente veinte negociaciones de los cargos y la condena, y cerca de una docena de ejecutivos fueron a juicio. Los resultados del gobierno en los casos que fueron a juicio fueron mixtos. Dos personas fueron absueltas de todos los cargos, y un jurado no logró alcanzar un veredicto contra varias otras personas. Algunos de los que fueron condenados lograron que sus condenas fueran revocadas en la apelación. Sin embargo, en última instancia el gobierno logró la condena de dos altos directivos de Enron.

Mi propio cliente, un ex contador de Enron con recursos limitados, podría fácilmente haberse declarado culpable y probablemente hubiera cumplido una condena relativamente pequeña. Sin embargo, creía firmemente en su inocencia. A pesar de los extraordinarios recursos del gobierno, el desprecio que los ciudadanos de Houston (y los miembros del jurado) sentían por Enron y la probabilidad de muchos años de encarcelamiento si resultase condenado hasta por un solo delito, mi cliente decidió enfrentarse al gobierno de Estados Unidos y obligarlo a que probara su caso. Yo lo asistí en la impugnación, por medio del contrainterrogatorio de los testigos presentados por el gobierno, muchos de ellos habiéndoseles prometido que no serían enjuiciados a cambio de sus testimonios. Asistí también en la presentación de su defensa, que incluyó el testimonio de un experto en contabilidad y, lo que es más importante, en la presentación su propio testimonio.

Al final, un jurado compuesto por sus pares lo declaró por unanimidad no culpable de todos los cargos. Para aquellos que, como mi cliente en este caso, tienen la valentía de aceptar los enormes riesgos que entraña un juicio penal por jurado, el sistema puede funcionar, y funcionar bien.

Nathan Lankford, asociado en el bufete de abogados Miller Chevalier, colaboró en la elaboración de este artículo.

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política del gobierno de Estados Unidos.