09 julio 2008
Tribunal Supremo de EE.UU. concluye labor del año judicial 2007-2008
Se pronuncia sobre control de armas, presos en Guantánamo y pena capital
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Washington – Como es la tradición, a finales de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos puso fin a la sesión de 2007-2008 al pronunciarse en una variedad de decisiones denominadas slip opinion, que se refiere a las copias en papel de las decisiones judiciales en los casos planteados.
Varios fallos que tuvieron lugar durante esta sesión captaron en particular la atención internacional.
En Baze v. Rees, decisión emitida el 16 de abril, el Tribunal afinó su interpretación de la Octava Enmienda y decidió que la ejecución por inyección letal no constituye un castigo cruel o extraordinario.
“Solo porque un método de ejecución pueda producir dolor, ya sea por causa accidental o como consecuencia ineludible de la muerte, no establece el tipo de ‘riesgo de daño objetivamente intolerable’ que reúne los requisitos de cruel e inusual”, escribe el presidente del Supremo, John Roberts.
Si bien el Tribunal estuvo de acuerdo en que la inyección letal no constituye un castigo cruel e inusual, los jueces no pudieron alcanzar un acuerdo con respecto a la definición de lo que constituiría un castigo de ese tipo. (Véase “Continúa el debate sobre la pena capital en Estados Unidos”).
El 12 de junio, en Boumediene v. Bush, el Tribunal falló que las personas detenidas como combatientes ilegales en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo (Cuba) tienen el derecho constitucional de recurrir sus detenciones.
La decisión revocó una cláusula de la Ley de Comisiones Militares de 2006 que declara que ningún tribunal tendrá competencia para ver una petición de hábeas corpus presentada por detenidos no estadounidenses.
La opinión mayoritaria del Tribunal del Supremo en este caso subraya un principio fundamental del sistema democrático estadounidense: “las leyes y la Constitución se han diseñado para sobrevivir y continuar en vigor en épocas extraordinarias. La libertad y la seguridad pueden reconciliarse y en nuestro sistema se reconcilian en el marco del derecho.” (Véase “Presos de Guantánamo ganan derecho a recurrir sus detenciones”).
En su decisión del 26 de junio en el caso District of Columbia v. Heller, el Tribunal Supremo reafirmó el derecho de los estadounidenses, consagrado en la Segunda Enmienda, de poseer y portar armas de fuego, al considerar inconstitucional una ley de la capital del país, Washington D.C., que las prohibía en su jurisdicción.
En nombre de la mayoría, el juez Antonin Scalia argumentó en la necesidad de que el gobierno, y hasta el poder judicial, que él denomina el “tercer poder”, respeta y proteja los derechos consagrados en la Constitución: “La presencia misma de este derecho retira de manos del gobierno, e incluso de manos del tercer poder del gobierno, el poder de decisión, según las circunstancias de cada caso, con respecto a si realmente vale la pena insistir en este derecho”. (Véase “Corte Suprema se pronuncia sobre la portación de armas por los ciudadanos”).
Cada uno de estos casos representa una faceta distinta de la materia sobre la que se pronuncia frecuentemente el Tribunal Supremo: cuestiones de derecho constitucional.
EL MÁS ALTO TRIBUNAL DEL PAÍS
El Tribunal Supremo, establecido en 1789 por la Constitución de Estados Unidos como ente titular del poder judicial del gobierno federal, actúa tanto como el más alto tribunal del país así como de árbitro final en materia constitucional.
El sistema de tribunales federales, que también incluye los tribunales de apelación inferiores y tribunales de distrito, es un elemento del sistema federal del gobierno de Estados Unidos, que consta de tres elementos cuyos poderes y autoridades actúan de contrapeso unos contra otros y traen equilibrio al poder y la autoridad de los demás poderes.
El poder legislativo promulga leyes; el poder ejecutivo las lleva a la práctica y asegura su cumplimiento, y el poder judicial las aplica e interpreta. El Tribunal Supremo tiene el poder de declarar inconstitucionales las leyes o acciones del gobierno.
El Tribunal Supremo consta de ocho jueces adjuntos y un juez presidente. Cada uno de los jueces puede emitir un voto en cada caso. Los jueces del Tribunal Supremo, que desempeñan cargos vitalicios o hasta que deciden jubilarse, son nombrados a su cargo por el presidente y confirmados por el Senado. El poder judicial del gobierno federal es la única rama del gobierno que no es elegida por el pueblo estadounidense.
Todos los años el Tribunal recibe más de 7.000 peticiones de “autos de revocación de sentencia” (“certiorari” peticiones de revocación de los fallos de tribunales inferiores). Solo se consideran unas 100 peticiones por año, que permite a los abogados de ambas partes exponer el caso ante los jueces del Tribunal Supremo.
Los casos se deciden por mayoría simple: los votos de cinco o más jueces. El Tribunal presenta una decisión formal por escrito que explica su decisión y los argumentos jurídicos que la apoyan. Además, los jueces que no estén de acuerdo, o disienten, de la decisión mayoritaria pueden emitir una declaración escrita que explica las razones de su discrepancia.
Cada sesión del Tribunal Supremo comienza el primer lunes de octubre. Si bien en teoría cada sesión continúa hasta que comienza la nueva sesión, el Tribunal completa su trabajo previsto a finales de junio todos los años. La próxima sesión dará comienzo el 6 de octubre.
Para más información sobre este tema, véase “La Corte Suprema: Una institución única”, un artículo del periódico electrónico de junio de 2005.
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