17 marzo 2009

Nueva política sobre detenidos en Guantánamo se basa en derecho internacional

Eliminación del estatus de combatiente enemigo es otro paso hacia el cierre

El secretario de Justicia Eric Holder

Por David McKeeby
Redactor

Washington — La administración Obama ha emitido nuevas normas basadas en el derecho internacional para la retención de sospechosos de terrorismo en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, y que marcan los últimos pasos de la Casa Blanca hacia el cierre de la instalación para principios de 2010.

“Mientras trabajamos hacia el desarrollo de una nueva política para gobernar a los detenidos, es esencial que nuestra manera de operar fortalezca nuestra seguridad nacional, sea compatible con nuestros valores y esté gobernada por el derecho”, dijo el secretario de Justicia Eric Holder en una declaración del 13 de marzo. “El cambio que hemos hecho hoy cumple todas estas normas y hará  más fuerte a nuestro país”.

Más temprano ese mismo día, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron un auto ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia en el que explican la política. Los abogados que representan a 40 detenidos en Guantánamo ejercen en este tribunal su derecho a impugnar el encarcelamiento . Este derecho se obtuvo a partir de una decisión del Tribunal Supremo en 2008 que sentó precedente y se conoce por el nombre del caso que la planteó, Boumediene v. Bush. (Véase Presos de Guantánamo ganan derecho a recurrir sus detenciones).

Según la política de la nueva administración, los detenidos en Guantánamo ya no serán considerados “combatientes enemigos” para ser retenidos únicamente bajo la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En su lugar, explicaron los abogados, Estados Unidos ahora basa su autoridad para retener a sospechosos de terrorismo en las “leyes de guerra”, incluso las Convenciones de Ginebra y otras obligaciones legales internacionales, como se utilizaron para dar forma a la “autorización para el uso de la fuerza militar” que el Congreso emitió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“El presidente tiene la autoridad de detener a las personas que determine que planearon, autorizaron, cometieron, o ayudaron en la perpetración de los ataques del 11 de septiembre de 2001, así como a las personas que albergaron a aquellos responsables de los ataques”, indica el auto. “El presidente tiene también la autoridad de detener a las personas que fueron parte o apoyaron de modo sustancial a las fuerzas de Talibán o de al Qaida o sus asociados y que participaron en acciones hostiles contra Estados Unidos o sus socios de la coalición, incluso cualquier persona que haya cometido un acto beligerante o haya apoyado directamente las hostilidades para ayudar a tales fuerzas armadas enemigas”.

La nueva política atiende las críticas al sistema de Guantánamo al establecer firmemente la autoridad del presidente para detener a sospechosos de terrorismo en concordancia con el derecho internacional tal y como se define en una variedad de fuentes, desde la carta de las Naciones Unidas, hasta los principios de autodefensa colectiva utilizados por la OTAN y la Organización de los Estados Americanos.

Al mismo tiempo, comentaron los abogados, la nueva política coloca una carga de prueba adicional sobre el gobierno de Estados Unidos para que establezca razones específicas de por qué sigue habiendo justificación para la detención de individuos específicos en Guantánamo.

“Dada la naturaleza de irregularidad de las fuerzas y la práctica de sus participantes o miembros de intentar esconder sus afiliaciones, las decisiones respecto de la posibilidad de que un individuo en particular pueda ser susceptible de detención necesariamente se verán afectadas por la totalidad de las circunstancias”, escribieron los abogados del Estado.

Es probable que la nueva política de los detenidos sea objeto de mayores redefiniciones jurídicas, dijo Holder, pero ahora servirá como la postura legal de la nueva administración que se enfrenta a más de 200 apelaciones adicionales por parte de detenidos en los tribunales estadounidenses, así como a la revisión jurídica paralela de todos los casos en Guantánamo que el presidente Obama ordenó el 22 de enero. (Véase Obama ordena cierre de Guantánamo).

Según las órdenes ejecutivas de Obama, un comité interagencial compuesto del secretario de Justicia, los secretarios de Estado, Defensa y Seguridad Nacional  y funcionarios principales militares y de inteligencia continuará revisando los complejos asuntos jurídicos en relación con la detención de sospechosos de terrorismo.

Estados Unidos quiere llevar a juicio a 80 de los prisioneros por acusaciones de terrorismo. Ha decidido ya la liberación de otros 50 retenidos pero no los puede hacer regresar a sus países de origen debido a que se teme por su seguridad, según indican funcionarios del Departamento de Defensa.

La administración Obama nombró el 12 de marzo a Daniel Fried, subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y de Eurasia, enviado especial para coordinar la transferencia de los detenidos en Guantánamo.

Los 27 países de la Unión Europea expresaron apoyo al esfuerzo de cierre, y piensan enviar una delegación de alto nivel a Washington para dialogar sobre este tema del 16 al 17 de marzo, según indican informes noticiosos.

Para consultar el texto completo, en inglés, del nombramiento de Fried véase el sitio de America.gov.