23 septiembre 2008
El Colegio Electoral es un tema de debate continuo

Este artículo pertenece al periódico electrónico de octubre de 2007 “La larga campaña: Elecciones 2008 en Estados Unidos”. Para consultar los demás artículos de este periódico haga clic a la derecha.
Dos estudiosos debaten los puntos a favor y en contra del Colegio Electoral, el sistema mediante el cual cada estado nombra electores que eligen al presidente de Estados Unidos una vez que los votos populares son emitidos. Ross K. Baker está a favor de que se mantenga el sistema de Colegio Electoral, tal como lo estableció en 1787 la Constitución de Estados Unidos. Baker es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. Jamie Raskin presenta los argumentos en favor de adaptar el sistema del Colegio Electoral para asegurar que los resultados de una elección reflejen el voto popular nacional. Raskin es senador estatal de Maryland y profesor de derecho constitucional en la universidad American University en la ciudad de Washington. Introdujo legislación que hizo de Maryland el primer estado del país en unirse al Pacto Interestatal en pro del Voto Popular Nacional.
EN PRO
El Colegio Electoral todavía es útil en el siglo XXI
Por Ross K. Baker
En las primeras horas de la noche del 7 de noviembre del año 2000, la recién elegida senadora demócrata por el estado de Nueva York, Hillary Rodham Clinton, habló en Manhattan ante una multitud de partidarios que la aclamaba jubilosa, y se comprometió a ir a Washington y trabajar para abolir el “arcaico y antidemocrático” Colegio Electoral que no había podido designar un ganador indiscutible en la elección presidencial.
A nadie se le ocurrió señalarle que la institución para la que acababa de ser elegida, el Senado de Estados Unidos, era a la vez arcaico (lo establecieron en 1789) y antidemocrático (cada estado, no importa cuál sea su población, está representado por dos senadores). Si le aplicamos a la Constitución de Estados Unidos el criterio de que todas sus cláusulas sean modernas y democráticas, de hecho no quedaría mucho en pie de este plan de gobierno duradero y con mucho éxito.
La Constitución de Estados Unidos está llena de características que algunos críticos considerarían pasadas de moda, inclusive el sistema federal, según el cual el gobierno nacional comparte el poder con los 50 estados. Para Estados Unidos probablemente sería más eficiente que lo administraran exclusivamente desde la capital de la nación en la ciudad de Washington, pero los hombres que redactaron la Constitución no pensaban que la eficiencia tuviera prioridad. Valoraban la libertad como algo muy superior y sentían que era más seguro fragmentar el poder político. Una característica de esa fragmentación consiste en que el gobierno nacional, o federal, comparta el poder con los estados.
Un aspecto importante del federalismo norteamericano es incluir a los 50 estados, en ese carácter, en la selección del presidente. Este sistema del Colegio Electoral le da a cada estado una cantidad de votos electorales equivalente al número total de sus miembros en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que los estados reciben escaños en proporción a su población. El candidato presidencial que puede ganar el voto popular en un número de estados cuyos votos electorales representan la mayoría de todos los votos electorales (en la actualidad 270 de 538), se convierte en presidente.
Los que critican este sistema utilizan el argumento de la simplicidad de la elección directa. Simplemente, se cuentan los votos nacionales, pasando por alto los totales de votos en cada estado individual, y se declara un ganador. Si Estados Unidos adoptara tal sistema, los candidatos tendrían un incentivo para hacer campaña sólo en los estados más poblados y tratar de obtener la mayor cantidad de votos en esos sitios, ignorando a los estados con menor población.
El Colegio Electoral obliga a los candidatos a ir más allá de los grandes centros de población y hacer campaña en lugares que se pasarían por alto en un sistema de elección directa. En teoría, por lo menos, sería posible que los candidatos hicieran campaña sólo en los doce estados más poblados y ganaran la presidencia. Eso significa que los candidatos tendrían todas las razones para pasar por alto los otros 38. Pero, de acuerdo con el sistema del Colegio Electoral, sería muy improbable que un candidato pudiera obtener bastantes votos electorales haciendo campaña sólo en los doce estados más poblados. Un candidato presidencial demócrata podría, probablemente, contar con ganar en Nueva York, California y Massachussets, y un republicano tendría probabilidades de ganar los votos electorales de Texas, Carolina del Norte y Georgia. Sin embargo, para obtener el mínimo de 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca, cada uno necesitaría capturar no sólo los más grandes entre los estados llamados “oscilantes”, como Ohio y Florida, donde la fuerza electoral está dividida de modo más paritario, sino también estados con poblaciones más pequeñas. Puesto que a todos los estados se les garantizan por lo menos tres votos electorales, los candidatos no pueden permitirse descuidar ni siquiera estos lugares.
El Colegio Electoral también hace que sea mucho menos probable que resulte elegido un candidato estrictamente regional, dado que ninguna región de Estados Unidos contiene, por sí sola, bastantes votos electorales como para elegir un presidente. Los críticos del Colegio Electoral se basan estrictamente en el número de votantes; los defensores del sistema señalan la distribución de esos votos y si proceden de una sección amplia de estados y regiones del país.
En la historia estadounidense el sistema del Colegio Electoral ha hecho también más difícil que candidatos de un partido minoritario o un tercer partido tengan éxito en las elecciones presidenciales. Algunos críticos del sistema actual podrían destacar esto como una característica negativa de la política estadounidense, pero el sistema de dos partidos le ha servido bien a Estados Unidos. Al imponer un cierto grado de moderación en la política estadounidense el sistema de dos partidos ha sido un factor importante en la estabilidad del país. Desalienta los movimientos extremistas pero, al mismo tiempo, si un partido o candidato minoritario propone ideas que demuestren ser populares entre los votantes, uno de los partidos principales probablemente las adopte. Un candidato extremista podría ganar el voto popular y el voto electoral en unos cuantos estados – así ocurrió en las elecciones de 1948 con Strom Thurmond y su segregacionista Partido de los Derechos de los Estados – pero sería improbable que ganara la presidencia. En la política estadounidense, de acuerdo con el sistema del Colegio Electoral, hay lugar para la protesta, pero se desalienta el extremismo.
Más aún, en tanto que el sistema del Colegio Electoral desalienta el extremismo político, los grupos minoritarios raciales y étnicos se benefician del mismo. Por ejemplo, los hispanos constituyen sólo el 12 por ciento de la población de Estados Unidos y una parte aún más pequeña del electorado. En un sistema de elección directa, su influencia quedaría grandemente reducida, pero en algunos estados son lo bastante numerosos como para ejercer considerable influencia. En Arizona, que ha tendido a ser un estado “oscilante”, el porcentaje de hispanos es de alrededor del 25 por ciento, o sea el doble de la media nacional, lo que le da a este grupo minoritario, en el sistema del Colegio Electoral, mucha más influencia política que la que tendría de otra manera. Del mismo modo, en un estado como Virginia los afroestadounidenses suman casi el 20 por ciento de la población y, en consecuencia, crean más competencia en la política de ese estado.

Finalmente, está el interrogante más amplio sobre la salud del sistema federal. Los redactores de la Constitución vieron en la división de poderes entre los gobiernos nacional y estatales una salvaguardia importante de las libertades individuales, pero la tendencia de los años recientes ha sido que el gobierno federal asuma más y más poderes en áreas que tradicionalmente habían sido responsabilidad de los estados. Disminuir aún más la influencia de los estados aboliendo el Colegio Electoral socavaría uno de los principales pilares de un sistema político que ha resistido los retos que ha venido encarando a lo largo de 220 años de la historia de Estados Unidos.
EN CONTRA
Utilicemos el Colegio Electoral para darle a Estados Unidos un voto nacional popular con el que elegir el presidente.
Por Jamie Raskin
Como estadounidenses, es parte de nuestro carácter promover en todo el mundo la democracia y la reforma política generalizada.
En casa somos más reticentes. Llamamos “democracia” a nuestras prácticas electorales, sin tan siquiera compararlas con nuestros principios democráticos, y mucho menos con las prácticas óptimas que han surgido en otros países.
Esta autosatisfacción es embarazosa en vista del hecho de que algunas de nuestras actuales prácticas electorales reflejan los comienzos de la nación en un contexto mucho menos democrático.
El ejemplo más espectacular es el modo en que elegimos a nuestro presidente, un proceso intrincado que vuelve del revés todos los principales principios de la democracia. Consideremos cómo en una elección presidencial en Estados Unidos se dan vuelta los preceptos básicos de la democracia:
· La mayoría gobierna – pero no en nuestras elecciones presidenciales. El gobierno de la mayoría es el núcleo de la democracia política, pero en Estados Unidos no es el ganador del voto popular el que se convierte en presidente. Es el ganador de los votos de los colegios electorales, un sistema mediante el cual cada estado designa un cierto número de “electores” que entonces eligen al presidente. En las elecciones del año 2000, que recibieron mucha publicidad, el vicepresidente Al Gore derrotó al gobernador George W. Bush por más de 500.000 votos en el conteo del sufragio nacional popular, pero perdió en el Colegio Electoral debido a una diferencia de último minuto de un margen de 537 votos en Florida. Los derrotados en la votación popular prevalecieron en el Colegio Electoral en otras tres elecciones, y hay muchas elecciones perdidas o ganadas por una diferencia mínima, en las cuales un pequeño cambio de los votos populares hubiera impulsado hasta la Casa Blanca a perdedores en la votación popular.
· El pueblo vota por su presidente, pero no en Estados Unidos. Aquí, el pueblo vota por electores de estados que, luego, eligen al presidente. Por supuesto, mucha gente cree que vota por el presidente.
· Cada voto tiene el mismo valor – pero no en la misteriosa aritmética del Colegio Electoral, donde el voto de un ciudadano en Delaware o Dakota del Norte es valorado matemáticamente por mucho más (medido según la relación entre los votantes y los electores estatales) que un solo voto en estados más grandes como California, Texas o Nueva York. Pero si uno pondera los votos de acuerdo con la probabilidad de que los votantes ejerzan realmente un efecto respecto al ganador de los electores de un estado, la arbitrariedad cambia y las disparidades aumentan de modo aún más notable. Por ejemplo, las elecciones presidenciales del año 2004 se decidieron por una diferencia de 365 votos en el estado de Nuevo México en vez de por una diferencia de 312.043 votos en Utah, lo que quiere decir que un votante de Nuevo México tiene cientos de probabilidades más de influir en la designación de electores que un votante de Utah.
· Cada votante debería tener un incentivo igual para votar, pero en Estados Unidos no lo tiene. La gran mayoría de la gente vive en estados que se consideran áreas “seguras”, donde se presume que republicanos o demócratas tienen conseguidos los electores presidenciales del estado. Por lo tanto, dos tercios de los estados se han convertido en territorios de paso, mientras los candidatos se apresuran hacia la menguante banda de estados “oscilantes”. En los dos últimos ciclos electorales los dos partidos gastaron el 99 por ciento de sus recursos de campaña en apenas 16 estados y un asombroso 70 por ciento en cinco estados. La mayoría de nosotros – incluyendo gente que vive en Texas, Nueva York y California, tres de los cuatro mayores estados – somos espectadores de la campaña real, que tiene lugar en sitios como Florida y Ohio y un puñado de otros estados. El hecho de que se deje a un lado a la mayoría del país deprime la concurrencia a las urnas en los estados olvidados. La participación de los votantes en las elecciones generales se aproxima al 70 por ciento en los estados “oscilantes”, pero se mantiene en niveles inferiores al 50 por ciento en los desmoralizados estados espectadores, lo que hace descender hasta las más bajas del mundo nuestras tasas nacionales de concurrencia electoral.
¿Qué puede hacerse en cuanto a la dinámica perversa de nuestras elecciones presidenciales? Las encuestas de opinión pública han mostrado desde hace tiempo que más del 65 por ciento de los estadounidenses favorecen una votación nacional popular para la presidencia, en la cual todos nuestros votos cuenten por igual, sin consideraciones geográficas. El pueblo quiere que el presidente represente a todos los estadounidenses, no a unos retales de estados hilvanados mediante la manipulación partidista. El acertijo ha consistido en cómo reconciliar el deseo instintivo de una elección nacional popular con la anticuada mecánica del Colegio Electoral, una institución enojosa que Thomas Jefferson llamó “el borrón más peligroso de nuestra Constitución”.
Pero ahora el estado de Maryland ha dado un paso audaz e histórico para demostrar cómo podemos usar el Colegio Electoral para conseguir un voto nacional popular para la presidencia. El 10 de abril del año 2007 el gobernador Martin O’Malley promulgó una ley que establece un plan para que Maryland inicie un pacto interestatal, y se una a él, en el cual todos los estados miembros acuerdan depositar sus votos en el Colegio Electoral a favor del ganador del voto popular. El acuerdo entrará en vigor cuando lo apruebe una cantidad de estados que represente una mayoría de los 270 votos electorales. El plan, aprobado abrumadoramente por el Senado y la Cámara de Delegados de Maryland, ha sido aprobado ya en una docena de cámaras legislativas estatales y en ambas cámaras en California, Hawai e Illinois. Lo impulsa el sentido de que nuestras elecciones presidenciales se alejan radicalmente del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
El Plan del Voto Nacional Popular se apoya en los poderes que tienen los estados para crear pactos interestatales y designar electores. El Artículo II, Sección I de la Constitución de Estados Unidos estipula que “cada estado nombrará varios electores de conformidad con lo que la legislatura competente prescriba”. Este poder ha sido ejercido de diferentes maneras por las legislaturas. En los comienzos de la vida del país, la mayoría de las legislaturas nombraban los electores directamente. El Colegio Electoral funcionaba como un cuerpo de deliberación y cada elector votaba de acuerdo con su conciencia. En 1800, por ejemplo, siete de los electores de Maryland votaron por Adams y cuatro lo hicieron por Jefferson. Cuando los estados comenzaron a designar sus electores de modo tal que el ganador los recibía todos basándose en el voto popular de todo el estado, los estados más pequeños se quejaron de que esta novedosa votación en bloque “unitario” diluía el poder de los estados pequeños (y tenían razón). Interpusieron una demanda y la perdieron. En Delaware vs. Nueva York (1966) el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la demanda, destacando que el poder de los estados para designar electores puede ejercerse de la manera que lo consideren apropiado. El poder del estado es total, “pleno”.
Por lo tanto, desde California hasta Nueva Jersey, desde Texas hasta Utah, nuestras legislaturas, lideradas por los estados “espectadores”, pueden ahora unirse y usar sus poderes constitucionales para darle a Estados Unidos algo que hemos promovido en el resto del mundo pero que nunca logramos en nuestro país: una verdadera elección presidencial basada en el principio del gobierno de la mayoría, de un voto para cada persona y de que cada voto cuente lo mismo. Tal sistema de elección revitalizará nuestra letárgica democracia de baja concurrencia electoral al dar energía a decenas de millones de votantes actualmente superfluos. Nos pondrá también en concordancia con la manera en la que las democracias de todo el mundo eligen a sus presidentes.
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas del gobierno de Estados Unidos.