Elecciones en 2008 | Guía de las elecciones de 2008
16 septiembre 2008
La financiación de las campañas
La ley federal dicta de qué manera se pueden recaudar fondos
(El siguiente artículo pertenece a la publicación del Departamento de Estado, Las elecciones de EE.UU. en síntesis)
La ley federal dicta de qué manera los candidatos a los puestos federales de presidente, senador y representante, y algunos de sus aliados políticos, pueden recaudar fondos, quiénes pueden aportar éstos y en qué cantidades pueden hacerlo. Las leyes sobre la financiación de campañas federales son independientes de las leyes estatales que rigen las elecciones para cargos estatales y locales.
En el sistema estadounidense, los candidatos a la presidencia recaudan cientos de millones de dólares para hacer campañas dirigidas a un país con más de 100 millones de votantes. Aun cuando en muchos casos la recaudación de fondos la realizan fuentes privadas, el proceso por el cual se reúne y se gasta el dinero está muy bien reglamentado.
Un candidato a la presidencia debe establecer una organización de campaña que se conoce como su comité político. Éste debe tener un tesorero y obtener su registro en la Comisión Federal de Elecciones (FEC por sus siglas en inglés). A pesar de su nombre, la FEC sólo supervisa y aplica las leyes de financiación de las campañas, pero en realidad no dirige las elecciones. (El proceso de registrar votantes, organizar la emisión de sufragios y contar los votos es responsabilidad de funcionarios electorales estatales y locales.)
En la FEC se registran comités políticos de varios tipos. Además de los candidatos, los partidos políticos deben registrar sus propios comités en la agencia. Más aún, cualquier grupo de ciudadanos particulares puede formar un comité político. Por ejemplo, es frecuente que grupos de individuos de corporaciones, sindicatos y asociaciones comerciales formen comités de ese tipo (si bien el uso de fondos de corporaciones o sindicatos está prohibido). Esos comités políticos son conocidos a menudo como PAC, o comités de acción política y también se deben registrar en la FEC.
Una vez registrados, los comités políticos ya pueden empezar a recaudar fondos para las campañas. Es preciso informar a la FEC sobre esos fondos y también sobre los gastos, ya sea cada mes o cada trimestre. Los informes pueden ser presentados también electrónicamente y están disponibles para el público en el sitio Web de la FEC [www.fec.gov]. Muchas organizaciones privadas tienen también sitios Web para quien desee estar al tanto de las contribuciones que reciben y los gastos que realizan los candidatos, los partidos políticos y los PAC. El propósito de esto es que la prensa y los votantes puedan saber con más facilidad qué grupos aportan dinero para los distintos candidatos y para las diversas causas. Hay límites legales en cuanto a las sumas que los ciudadanos en forma individual y los comités pueden aportar para los candidatos de su preferencia. Por lo tanto, un candidato a la presidencia que desee reunir cientos de millones de dólares para su campaña tiene que atraer a miles de patrocinadores.
Para su campaña, el candidato necesita contratar personal, disponer de espacio de oficinas y viajar, realizar investigaciones, expedir documentos detallando sus posiciones, anunciarse por radio y televisión, en publicaciones y en la Internet, y asistir a muchas presentaciones personales y eventos para recaudar fondos. Un candidato a la Cámara de Representantes tendrá como centro de esas actividades su distrito específico del Congreso, mientras que un candidato al Senado tendrá que abarcar todo el territorio de su estado. (En el caso de miembros del Congreso y senadores, sus eventos para recaudar fondos los pueden realizar también en otros lugares, como en Washington, D.C.). Los candidatos a la presidencia tienen la agobiante tarea de organizar sus campañas para las primarias en cada uno de los estados, y más tarde, si resultan nominados, desarrollar su campaña para la elección general en toda la nación.
La financiación pública
Desde 1976, los candidatos a la presidencia están autorizados para participar en un sistema de financiación pública. Antes de las elecciones de 2000, todos los candidatos nominados para la presidencia participaban en ese sistema aceptando fondos del gobierno a cambio de la promesa de no gastar más que una suma específica. Sin embargo, este sistema les pareció cada vez menos atractivo a los candidatos porque estimaban que los límites impuestos en él eran demasiado bajos (e inferiores a las sumas que los candidatos importantes recaudan a menudo con facilidad de fuentes privadas). Por esa razón, muchos candidatos fuertes han optado por renunciar a los fondos públicos.
Los gastos aumentan invariablemente de una elección a la siguiente. Además de los gastos de los candidatos, también los partidos políticos, los PAC y otros grupos de interés gastan dinero para influir en las elecciones. Por ejemplo, una innovación reciente en la canalización de fondos para las elecciones es la “organización política 527”, llamada así para aludir a una sección del código fiscal de EE.UU. Esos grupos se organizan sobre todo con la finalidad de influir en la selección, nominación, elección o designación de individuos para un cargo público federal, estatal o local. Las organizaciones políticas 527, como MoveOn y Swiftboat Veterans for Truth, no están reguladas ni por la Comisión Federal de Elecciones ni por comisiones electorales estatales, y tampoco están sujetas a los mismos límites que los PAC en términos de aportaciones. Los detractores de esos grupos y otros similares afirman desde tiempo atrás que los elevados gastos que se realizan en las elecciones de ese país, combinados con el hecho de depender de los fondos de fuentes privadas, evocan el espectro de una influencia indebida de patrocinadores ricos y de grupos de interés poderosos sobre la política pública.
Las reformas propuestas han suscitado la oposición de quienes estiman que los gastos en las elecciones son proporcionales al costo de los bienes y los servicios en la economía actual. A este respecto, los gastos para las elecciones se consideran como el precio que una democracia debe pagar para tener contiendas electorales, y que las grandes sumas que los grupos de interés aportan y gastan son la expresión contemporánea del viejo pluralismo estadounidense. Es difícil demostrar una relación específica entre los donativos de grupos de interés y la política del gobierno. Los tribunales se han preguntado también si la imposición de más restricciones a las donaciones y los gastos de las campañas pueden limitar indebidamente el derecho de los donantes a la libre expresión en la palestra política, protegido por la Constitución. En vista de los enormes gastos que las campañas modernas implican, ciertos individuos sumamente ricos financian sus propias campañas para ocupar cargos públicos y ninguna regla lo prohíbe. Esos personajes ganan a veces y en otras ocasiones pierden.
