15 octubre 2008
Los poderes de la presidencia
(Este artículo pertenece al periódico electrónico de octubre de 2008 “Las elecciones de 2008”. Para consultar los demás artículos de este periódico haga clic a la derecha).
Por Michael Jay Friedman
La Constitución de Estados Unidos traza en líneas generales la autoridad del presidente, pero lo hace con suficiente flexibilidad para permitir que el titular del cargo determine el alcance de sus poderes ejecutivos de acuerdo a su propia visión de gobierno y a las necesidades de su momento.
Michael Jay Friedman es redactor de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es doctor en historia diplomática y política de Estados Unidos.
Los hombres que han ocupado la presidencia de Estados Unidos —y, hasta la fecha, todos han sido hombres— han expresado opiniones completamente divergentes sobre su experiencia en el cargo. Grover Cleveland (1885-1889 y 1893-1897) señaló que, “Luego de un prolongado ejercicio del poder, los asuntos ordinarios de la vida nos parecen insignificantes y triviales”. Theodore Roosevelt (1901-1909) disfrutó tanto del “púlpito soberbio” que decidió dejar su condición de jubilado y postularse nuevamente para el cargo. Pero para James K. Polk (1845-1849) la presidencia no fue “un lecho de rosas”. Y Ulysses S. Grant (1869-1877) declaró tajantemente: “Nunca deseé abandonar una situación tanto como cuando quise salirme de la presidencia”.
¿Cuáles son los poderes del presidente y cómo han evolucionado con el tiempo? Generaciones de niños estadounidenses han aprendido en la escuela que el Congreso redacta las leyes y el presidente las pone en vigor. Es un dato que aporta algo de información, pero no mucha. La Constitución de Estados Unidos es la fuente de donde emana la autoridad del presidente, pero es un documento conciso, un bosquejo más que un plan maestro (el proyecto de constitución de la Unión Europea es 35 veces más extenso). Da el espacio a cada presidente para que —sujeto a los “frenos y equilibrios” de los poderes legislativo y judicial— interprete el alcance de sus poderes a la luz de su propia filosofía de gobierno y a las exigencias de su momento.
El Artículo II de la Constitución dice: “Se deposita el poder ejecutivo en el presidente de los Estados Unidos de América”. Establece el término de su cargo —cuatro años— y enumera las diversas categorías de poderes presidenciales:
• El presidente será el “comandante en jefe” de las fuerzas armadas;
• El presidente podrá suspender la ejecución de las sentencias y conceder indultos por delitos;
• El presidente podrá celebrar tratados con el “consejo y consentimiento” de dos tercios de los “senadores presentes”; nombrar a embajadores y jueces del Tribunal Supremo para su ratificación por la mayoría en el Senado y designar a todos los “ministros... y funcionarios públicos de Estados Unidos”;
• El presidente podrá “recomendar periódicamente ... al [Congreso] las medidas que estime necesarias y oportunas”;
• El presidente podrá vetar todo proyecto de ley aprobado por el Congreso, a menos que dos tercios de los miembros de cada cámara vote en contra del veto (Artículo I, Sección 7).
A diferencia de otras disposiciones constitucionales que limitan los poderes de todo el gobierno federal, incluyendo los del presidente, el Artículo II es flexible. El presidente Calvin Coolidge (1923-1929) limitaba el ejercicio de su poder presidencial a dar un leve empujón a sus intereses en la dirección deseada. Coolidge una vez describió su filosofía de gobierno diciendo, “Ya tenemos suficientes leyes, no es necesario que yo firme más”.
Sin embargo, aun los presidentes resueltos a ceñirse a una interpretación estricta de sus poderes comprobaron cómo los asuntos de estado los obligan a afianzarse en su cargo. El primer presidente, George Washington (1789-1797), se acogió en un principio a la interpretación literal de la disposición que establecía que negociara los tratados con el “asesoramiento” del Senado. El 22 de agosto de 1789, y conforme a esta disposición, Washington —con espada al cinto— se personó en el Senado para solicitarle instrucciones específicas a fin de negociar un proyectado tratado con la tribu indígena creek. Los senadores procedieron a presentar mociones, cada una más contradictoria que la anterior, lo que hizo que John Quincy Adams, futuro presidente (1825-1829), revelara en su diario que:
Cuando Washington salió de la cámara del Senado dijo “que me cuelguen si vuelvo otra vez ahí”. Y a partir de entonces, el poder ejecutivo negocia los tratados primero y los presenta a la consideración del Senado después.
Aunque los poderes presidenciales han sufrido altibajos en el marco de sus amplios límites constitucionales, los desafíos tanto nacionales como extranjeros han desatado la tendencia hacia una mayor autoridad ejecutiva. Por ejemplo, durante la Gran Depresión de los años treinta, el presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) logró que el Congreso aprobara muchos de sus programas del New Deal. Estos programas los administraban nuevos organismos del poder ejecutivo que reactivaron gran parte de la economía de la nación a la vez que sumaron poderes a la presidencia. El auge de Estados Unidos como gran potencia del siglo XX incrementó de modo similar el poder del presidente como comandante en jefe.
Estos acontecimientos no se han producido sin oposición. En 1935 el Tribunal Supremo declaró la anticonstitucionalidad de la Ley de Recuperación Nacional, un componente clave de la legislación del New Deal, pese a la vehemente objeción de Roosevelt. Y las limitaciones a la autoridad del presidente de desplegar soldados estadounidenses sin una declaración de guerra del Congreso sigue siendo un contencioso político.
La complejidad de la legislación moderna ha aumentado aún más el poder de la presidencia. Considérese la Ley de Agua Potable de 1974. El Congreso quiso establecer normas mínimas de salubridad para el agua potable de consumo público, pero delegó la responsabilidad de establecer dicha normativa a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), una agencia administrativa de la rama ejecutiva. El Congreso autoriza sistemáticamente a la EPA y a sus cientos de agencias hermanas promulgar y poner en vigor las normas que explican con detalle los requisitos previstos en los estatutos. El Congreso puede anular cualquier norma, pero su número supera la capacidad de revisión del Congreso. Así, el “estado administrativo” moderno ha trasladado responsabilidades adicionales al poder ejecutivo y al presidente.
La presidencia, cuyo poder está limitado por la Constitución pero tiene suficiente flexibilidad y robustez para hacer frente a los desafíos modernos, se mantiene como un elemento clave del actual experimento de autogobierno del pueblo estadounidense.
