30 junio 2009

Estados de EE.UU. buscan método imparcial para la selección de jueces

Si bien los jueces son designados para los tribunales federales, los estados usan diversos métodos para seleccionar a sus jueces.

Por Stefano Rivolta
Redactor

Washington — En cualquier juicio, el juez desempeña una de las funciones más importantes. En Estados Unidos, la manera en que se selecciona a los jueces —y la función que desempeñan los ciudadanos en dicha selección—varía.

A nivel federal, el presidente designa a los jueces y el Senado los confirma, tal como lo exige la Constitución de Estados Unidos. Pero a nivel de los estados el proceso es distinto, explicó a America.gov Adam Skaggs, asesor en democracia para el Centro Brennan de Estudios Jurídicos de  la Universidad de Nueva York.

DISTINTOS SISTEMAS ESTATALES

Muchos estados tienen tres instancias de tribunales: el tribunal supremo, el tribunal de apelaciones o de distrito y el tribunal de primera instancia. Algunos estados combinan los tribunales de primera instancia y los de apelaciones en un único sistema.

La mayoría de los casos se procesan primero en el tribunal de primera instancia, donde se revisan las pruebas y se determinan los hechos. A nivel de apelaciones o de distrito los jueces revisan los fallos realizados en primera instancia. Las pruebas, testimonios y demás información presentada en el juicio se evalúan cuando se examina el fallo inicial.

“El tribunal más alto del estado es el tribunal supremo”, dijo Skaggs. Este tribunal trata exclusivamente las apelaciones legales de los tribunales intermedios y no lleva a cabo juicios. El tribunal supremo puede revocar —o descartar— la decisión, o puede remitir —devolver— la decisión de un tribunal inferior, lo cual implica realizar otro juicio.

La selección de jueces para los tribunales de estados varía. Algunos son designados por gobernadores y confirmados por el poder legislativo de ese estado, imitando así el procedimiento federal de designaciones judiciales. Otros son elegidos directamente por el pueblo. En algunos estados, se emplea una combinación entre designaciones y elecciones populares. Algunos utilizan un proceso de retención por el que el gobernador designa un juez por un término y al final de éste los ciudadanos votan y para decidir si el juez seguirá o no en el cargo. 

Según el Centro Brennan, 39 de los 50 estados realizan algún tipo de elecciones para cargos judiciales. Treinta y ocho estados celebran elecciones solamente para el tribunal supremo del estado. Siete de esos estados celebran elecciones partidistas (donde los candidatos a jueces se postulan como miembros de un partido político), 14 celebran elecciones no partidistas y 17 llevan a cabo un proceso de retención posterior a la designación.

Cada sistema tiene sus ventajas. Si la designación se realiza internamente dentro del gobierno —y lejos de las urnas— personas informadas pueden tomar una decisión inteligente. Por otro lado, cuando los ciudadanos votan por sus jueces ejercen libremente sus responsabilidades democráticas y se evitan los prejuicios gubernamentales, razón por la que las elecciones públicas para jueces comenzaron a finales del siglo XIX.

En algunas elecciones para jueces, los candidatos no pueden divulgar su afiliación partidista, mientras que en otras pueden decidir postularse como miembros de un partido político. Postularse en una elección no partidista puede ser difícil para un candidato a juez, ya que tiene que informar al público de las posturas que defiende “sin decir demasiado en lo que respecta a su identificación con un partido político determinado”, explicó Skaggs. “Ambos sistemas de selección judicial pueden producir resultados beneficiosos; sin embargo, no siempre funcionan particularmente bien”.

La relación entre los jueces y quienes contribuyen fondos a sus campañas es un asunto que muchos –entre ellos el Tribunal Supremo de Estados Unidos– han examinado de cerca en busca de indicios de posible parcialidad.

En el caso de Caperton vs. Massey, el Tribunal Supremo dictaminó el 8 de junio que los jueces electos tienen la responsabilidad de abstenerse de casos que involucren a donantes importantes de su campaña. En este caso, el juez que examinó la apelación de un fallo contra una compañía de carbón había aceptado previamente tres millones de dólares en donaciones a su campaña por parte del director general de dicha compañía.

Los ciudadanos pueden obtener información detallada sobre los candidatos a jueces, afirmó Skaggs, pero al igual que ocurre con otras elecciones, en las campañas para cargos judiciales puede propagarse información política parcial sobre alguno de los candidatos. La publicidad que utilice calumnias, ataques a la persona e insultos puede entonces influir en el punto de vista del elector, indicó Skaggs.

En algunos estados una comisión de mérito selecciona a los jueces. “Si se selecciona adecuadamente a los miembros de la comisión y el proceso de selección funciona como debería, entonces el proceso de selección con comisiones de mérito puede producir los candidatos a jueces de mejor carácter”, opinó Skaggs.

Una comisión de mérito está integrada normalmente por ciudadanos, abogados y no abogados designados por el gobierno del estado. Los miembros de la comisión han de estar altamente cualificados para poder interpretar las políticas y decidir asuntos complejos en virtud de su educación, experiencia y formación. Esto debería resultar en una selección más informada en función de factores de mérito, en lugar de afiliación política, y podría limitar la parcialidad, finalizó Skaggs.