08 julio 2008

Por Jean-François Seznec
(Este artículo pertenece al periódico electrónico de junio de 2008 “Los mercados y la democracia”. Para consultar los demás artículos de este periódico haga clic a la derecha).
Según Jean-François Seznec, los estados del Golfo Pérsico tienen mercados en su mayor parte libres, pero no elecciones libres. Agrega que los gobernantes comparten los beneficios de la expansión económica, pero no comparten el poder político. Seznec es profesor adjunto invitado en el Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Georgetown, en Washington.
Las economías de mercado parecen prosperar en ciertos estados no democráticos, pero sin embargo no impulsan a esos países hacia la democracia. Consideremos a los seis países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG): Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
En la escala de Freedom House de libertad en el mundo, de 1 a 7, en la que 1 punto denota a los que son más libres, los países del Golfo tienen un desempeño pobre. Arabia Saudita se saca 6,5 puntos debido a sus limitados derechos civiles y políticos. El puntaje más alto corresponde a Kuwait, con apenas 4 puntos. Kuwait tiene elecciones parlamentarias libres y libertad de expresión, pero la primacía de la familia real no se discute.
Sin embargo, en algunos aspectos los estados del Golfo se cuentan entre los mercados más libres del mundo.
Todos los países del Golfo son economías de mercado. Arabia Saudita se clasifica en un puesto 23 relativamente alto en la lista de países compilada por del Banco Mundial respecto a la facilidad para hacer negocios. Todos los países del CCG son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Omán y Bahrein tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Los aranceles aduaneros son bajos.
Ninguno de los países tiene impuestos sobre los ingresos. La corrupción en las transacciones cotidianas es mínima. Los bancos e instituciones financieras de los países del CCG son prestamistas expertos. Las restricciones a la venta de productos son mínimas, excepto en el caso de productos prohibidos por la religión, como la carne de cerdo o el alcohol.
Los estados del Golfo también han modernizado sus leyes y estructuras económicas para atraer la inversión privada, tanto local como extranjera. Una compañía extranjera puede hoy en día ser propietaria del 100 por ciento de todas sus operaciones en la mayoría de los países del CCG. Puede repatriar sus ganancias libremente, vender bienes como lo desee y pagar impuestos corporativos relativamente bajos.
Las economías de los países del Golfo están floreciendo. Tratan de maximizar sus ventajas de energía a bajo costo, abundancia de capital y ubicación estratégica, para dejar atrás su dependencia del petróleo y el gas. Ya producen alrededor del 12 por ciento de los fertilizantes y sustancias químicas de todo el mundo. Están aumentando la producción de sustancias químicas más avanzadas, como los plásticos a base de etileno. Puesto que tienen acceso a electricidad barata, ya son grandes productores de aluminio y, con el futuro acceso de Arabia Saudita a yacimientos de bauxita, podrían alcanzar el 20 por ciento de la producción mundial antes del 2020.
Límites en los mercados libres
La adhesión a los mercados libres, desde luego, tiene sus límites. No es fácil hacer cumplir los contratos debido a las diferentes tradiciones legales y a la escasez de jueces con conocimiento de la práctica del derecho internacional.

Los países del Golfo han invertido centenares de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura y están construyendo ciudades industriales, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a fin de lograr el desarrollo económico.
La mayoría de las enormes compañías químicas y metalúrgicas que operan en la actualidad en el CCG son propiedad del Estado, aunque se las administra como a las grandes compañías occidentales, con mínima interferencia del gobierno. SABIC, por ejemplo, es la compañía química más lucrativa y de más rápido crecimiento en el mundo con acceso a materias primas al costo más bajo. También está convirtiéndose en un centro neurálgico de investigación y desarrollo y, al igual que su contraparte petrolera, Saudi Aramco, entrena y emplea a saudíes para crear en el reino industrias basadas en el conocimiento.
El éxito de las compañías estatales tiene sus desventajas. Los gerentes insisten en que no deberían compartir sus materias primas de bajo costo con empresas rivales locales. Por lo tanto, mientras que las enormes empresas estatales crean trabajo para la economía privada, también impiden que sus rivales en el sector privado crezcan demasiado.
Desde luego, algunos intereses del CCG, entre estos los fabricantes y comerciantes tradicionales, oponen resistencia a los mercados libres. Los salafis conservadores también se oponen a los mercados libres, ya que temen que una economía abierta invite a la propagación de la educación y las prácticas occidentales.
Compartir la riqueza, no el poder
Para lograr sus metas económicas ambiciosas, los gobiernos de los países del Golfo han procurado compartir con sus pueblos la riqueza, pero no el poder político.
Las autoridades saudíes han utilizado la bolsa de valores para compartir la riqueza. Muchas de las 115 compañías que figuran en la bolsa están bajo el control del Estado y son generalmente muy lucrativas; estas compañías venden alrededor del 30 por ciento de su capital como acciones en la bolsa. Los saudíes que invierten en estas compañías estatales obtienen buenos dividendos y apreciación del capital en inversiones seguras. Más aún, la Dirección de Mercados de Capital garantiza que todas las compañías en la lista son genuinas y que los pequeños inversionistas tienen la oportunidad de comprar acciones. En la actualidad el 50 por ciento de todos los saudíes poseen acciones y por lo tanto tienen un interés en el desarrollo del reino.
No obstante, los gobiernos de los países del Golfo temen que compartir el poder político con sus pueblos frene súbitamente el desarrollo. Las pocas elecciones celebradas libremente en el Golfo han otorgado mayorías absolutas a los salafis. Para contrarrestar el avance de los salafis, los reyes y emires del CCG han designado consejos consultivos, compuestos por tecnócratas que ponen un sello de aprobación participativa a la política económica y a leyes que no sean polémicas.
La ausencia de independencia judicial muestra otra línea divisoria en los estados del Golfo entre compartir la riqueza y el poder político. Los jueces designados por el gobierno ven casos relacionados con el derecho familiar y penal islámico, pero carecen de competencia en el derecho comercial. Los saudíes han establecido un sistema jurídico paralelo, denominado Junta de Quejas, para manejar los casos comerciales.
No obstante, los poderosos se escapan del alcance de los tribunales. La Junta de Quejas saudí no considera disputas que involucren a príncipes o funcionarios del gobierno; rara vez se resuelven esos casos por sus méritos.
El auge de los mercados libres, promovido y obstaculizado al mismo tiempo por la autocracia, ha hecho poco para impulsar la reforma política en los estados del Golfo. Las economías del libre mercado están apuntaladas por el control político indiscutido de sus líderes. Incluso en Dubai, el centro empresarial de la región, la ley que rige es la palabra del gobernante.
Los gobiernos del Golfo no son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Son gobiernos de unos pocos para el beneficio de muchos. Eso dista mucho de lo que han logrado las democracias occidentales, pero es lo que se ha originado en el país.
La democracia no se puede imponer desde fuera. Los actuales cambios económicos en el Golfo podrían indicar que, con el tiempo, los gobernantes permitirán no sólo libertades del mercado sino también libertades civiles como partidos políticos, la libertad de expresión y la independencia del poder judicial. En última instancia, el fomento de la participación y reforma económicas podría quizás promover también la democracia.
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política del gobierno de Estados Unidos.