21 agosto 2008
El imperio de la ley es fundamento de la democracia
Independencia judicial, protección igual y libertades civiles son componentes claves
Este artículo es el primero de una serie de tres que explora los componentes del imperio de la ley
El imperio de la ley es un componente fundamental de una sociedad democrática, y se lo define ampliamente como el principio de que todos los miembros de la sociedad --tanto ciudadanos como gobernantes -- están obligados por una serie de leyes claramente definidas y universalmente aceptadas. En una democracia, el imperio de la ley se manifiesta en un poder judicial independiente, una prensa libre y un sistema de frenos y contrapesos de los líderes mediante elecciones libres y separación de poderes entre las ramas del gobierno.
Aun cuando una constitución escrita no es un componente necesario de una democracia, por ejemplo Gran Bretaña no tiene una, en Estados Unidos el imperio de la ley se basa principalmente en la Constitución de Estados Unidos y en la garantía de que las leyes de Estados Unidos, en conjunción con la Constitución, son justas y se aplican por igual a todos los miembros de la sociedad.
En Estado Unidos un poder judicial independiente, con la Corte Suprema de Justicia como la autoridad más importante, tiene la responsabilidad final de garantizar que el gobierno respete el imperio de la ley y que todos los ciudadanos sean tratados por igual ante la ley.
El juez Anthony Kennedy, de la Corte Suprema de Estados Unidos destacó en el Simposio Internacional sobre el Imperio de la Ley, auspiciado por la Asociación del Colegio de Abogados de Estados Unidos, y realizado el 11 de noviembre de 2005, cuáles son en su criterio los tres principales componentes del imperio de la ley:
-- El gobierno se rige por la ley;
-- Todas las personas son tratadas por igual ante la ley; y
-- La ley reconoce que “en cada persona hay un meollo de espiritualidad, dignidad y humanidad”.
UN GOBIERNO DE “LEYES Y NO DE HOMBRES”
John Adams, que junto con Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia, escribió en 1776 en su obra Pensamientos sobre el Gobierno que “una república es un imperio de leyes, y no de hombres”.
La separación de poderes en el sistema legal de Estados Unidos, como se describe en la Constitución de Estados Unidos, determina que a las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, la legislativa (el Congreso), la judicial (las cortes) y la ejecutiva (el presidente y su gabinete) se les concede ciertos poderes que sólo pueden ser ejercidos por una rama. Esta separación, de acuerdo con los fundadores, asegura que una persona o grupo no pueda concentrar el poder político en sus propias manos para manejar un gobierno al antojo de pocas personas, sino en base a las leyes que aprueba el Congreso, una entidad electa por el pueblo.
Dicho de una manera práctica, para que el gobierno de Estados Unidos pueda actuar, se han instituido varias barreras para asegurar que una rama no ejerza el poder sin deferencia de las otras ramas.
Entre algunos ejemplos de esas barreras figuran la capacidad del presidente de vetar leyes y la autoridad del Congreso para anular esos vetos, únicamente por supermayoría de votos.
Dado que el Congreso de Estados Unidos es una entidad formada por funcionarios elegidos, esos funcionarios están obligadas a cumplir con la voluntad del pueblo que los eligió. De acuerdo con Kennedy, esta provisión asegura “que el gobierno se rija por el hecho de que la ley se debe originar en la conciencia del pueblo”.
La Corte Suprema, el tribunal más alto de Estados Unidos, garantiza que las leyes, tanto federales como estatales, no violen los derechos del pueblo, los que están consagrados en la Constitución de Estados Unidos. Incluso cuando el Congreso aprueba un proyecto de ley que tiene apoyo del presidente y que luego es promulgado como ley, una persona afectada por esa ley tiene el derecho de hacer una petición ante las cortes si él o ella considera que la ley viola los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos. Para que este sistema funcione se necesita garantizar un poder judicial independiente.
De acuerdo con la jueza Sandra Day O’Connor de la Corte Suprema, establecer un poder judicial independiente no es una tarea sencilla. “La independencia judicial simplemente no ocurre por sí sola. Es difícil de establecer y es mucho más fácil de destrozarla de lo que la mayor parte de la gente cree”.
Un poder judicial independiente es uno que no está sometido al capricho de las autoridades elegidas. Los jueces y los abogados de Estados Unidos están obligados a cumplir códigos judiciales de conducta, que establecen claramente qué es lo que un juez puede o no puede hacer.
Para garantizar la independencia judicial en Estados Unidos, el código de conducta judicial, administrado por la Conferencia Judicial (cuyo funcionario presidente es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos y cuyos miembros incluyen a los principales jueces de las cortes federales y de distrito) describe lo que se considera como conducta aceptable. La Conferencia Judicial tiene comités encargados de hacer aplicar el código y convocar a los jueces a rendir cuentas en caso de alguna queja. Para evitar la corrupción, es obligatoria la presentación de una declaración financiera. Todo esto, según O’Connor “marca una diferencia enorme para que el público de la nación tenga un poco de confianza en la imparcialidad y la equidad e integridad de los jueces en servicio”.
Pero incluso cuando a los jueces se les requiere cumplir con un código de conducta y puedan ser llamados a rendir cuentas por no cumplir con el código, de ninguna manera son responsabilizados por las decisiones independientes que toman en cada caso.
“Los jueces deben ser independientes no para hacer lo que prefieran, son independientes para hacer lo que deben”, dijo Kennedy.
El código de conducta judicial está disponible en inglés, en el sitio electrónico del sistema judicial federal.
Para más información ver: La Corte Suprema de Estados Unidos, el tribunal máximo del país.
